SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

POR DEMÁS SENSATAS nos parecen las declaraciones del presidente de la Canacome, Juan José Abraham Dáguer (que le ofrecemos en la página 9), quien luego de reconocer la calidad del servicio que presta Uber les pide a los choferes que trabajan con esa plataforma digital que se acojan a la ley del transporte estatal, se registren y compitan en el mercado local. El dirigente reveló que él usa el servicio de esa empresa en otras ciudades porque es seguro, cómodo y con automóviles nuevos. Eso dijo Abraham Dáguer, pero también subrayó que la citada ley debe ser una “ley espejo”, es decir, que las mismas condiciones de servicio que se le exigen a Uber deben aplicarse a todo el transporte de pasajeros mediante taxis, los cuales deben ser vehículos modernos, equipados y limpios, con un servicio eficiente y una tarifa razonable. Nos parece que es eso precisamente lo que quieren todos los meridanos, en especial los jóvenes, a los que ninguna Corte Suprema les impedirá elegir el servicio y el pago que prefieran.

MEDIANTE UN EJERCICIO de sinceridad, no podemos menos que recordar que antes de la aparición de Uber y similares los meridanos estábamos sometidos a un solo tipo de servicio de taxis, en el cual había veces que casi teníamos que suplicarles a los concesionarios para que nos atendieran. No era raro que al llegar a un sitio de taxistas nos hicieran esperar o nos cobraran lo que les diera la gana, que por lo general era mucho más que lo que se cobraba por similar viaje en las cercanas ciudades de Campeche y Cancún, por ejemplo. El rechazo que sienten muchos yucatecos contra el servicio tradicional de taxis no es gratuito, sino que se fue cultivando a lo largo de décadas. Ahora, con las plataformas digitales enfrente es tiempo de que los taxistas tradicionales se pongan las pilas y se decidan a transformarse en un servicio como el que comenta el presidente de la Canacome, es decir, con automóviles confortables y limpios, choferes atentos y pulcros, y tarifas justas. En la actualidad es común ver viejos Tsurus operando como taxis, con choferes desaseados que cobran lo que quieren.

EN VERDAD GRAVE es la estadística que nos aporta la responsable de la Asociación X, Justicia para Mujeres (página 3), en el sentido de que el 90% de las yucatecas en el medio rural sufren violencia física. La nota con declaraciones de Fátima Gamboa Estrella, responsable de ese organismo en el estado, incluye otros datos preocupantes, pero nos gustaría subrayar la parte en la que ella señala que la primera instancia a la que puede acudir una mujer campesina agredida es el juez de paz del ayuntamiento; el problema es que ese funcionario es prácticamente una figura decorativa, pues sus atribuciones son muy pocas, además de que por lo general el presidente municipal escoge para ese cargo a alguien que no tiene ni siquiera estudios de bachillerato, y que para colmo tiene que arreglárselas con una muy limitada reglamentación para su puesto, de manera que en la mayoría de los casos solamente puede aconsejar a quienes acuden a él para dirimir un pleito. La justicia en el interior del estado, en los 105 municipios fuera de la capital Mérida, es una deuda pendiente para los gobiernos. Debería ser hora de que alguien agarre el toro por los cuernos y frene la estadística maldita de que el 90 y pico por ciento de los delitos en el medio rural no se denuncian porque no se cree en la justicia. Sería un colosal trabajo, pero alguien tendría que hacerlo.

UN TEMA QUE merece más espacio del que nos queda para esta columna es el desprecio con que choferes del transporte urbano se comportan con los sectores más débiles de la población (página 7), como lo son los discapacitados (perdón si no es la palabra políticamente correcta), los estudiantes y las personas de la tercera edad, es decir, los beneficiarios de las tarifas sociales, rebajadas, o los que tienen el derecho de viajar sin pagar. Muchos hemos visto indignados cómo el chofer de un camión pasa a toda velocidad ignorando al viejito o viejita que levanta la mano para que le den parada. Ésa es una conducta que debería recibir sanción, ¿y por qué no la tiene? En próxima entrega intentaremos una respuesta, pero podemos adelantar que tiene que ver con favores políticos de transporte.

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