De las 600 carpetas de investigación que en promedio se abren anualmente por infracciones al Código Penal del Estado, cometidos por menores de edad, alrededor del 80 por ciento corresponden a robo en sus distintas modalidades y el resto son por casos de lesiones, homicidio y violencia sexual, informó Santiago Altamirano Escalante, magistrado de la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes.
“La cantidad de investigaciones comparada con los dos millones de habitantes en el estado es nada, pero por la creencia cultural de que por ser menor de edad no pasa nada, la realidad es que cualquier menor detenido en flagrancia o denunciado tendrá que seguir un proceso”, comentó.
Al dar a conocer la agenda del Tribunal Superior de Justicia para esta semana, en el marco del 10o. aniversario del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dijo que la prevención del delito en menores de edad es mitad responsabilidad del Estado y mitad de la sociedad. “El principal problema está esencialmente en la familia, mientras las circunstancias y las características que rodean al joven dentro de la familia no cambian, la situación del joven va a continuar”.
Recordó que desde 2006, con la promulgación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se ha modificado la estructura para a impartición de justicia en menores, y la apuesta ahora es la reeducación, es decir, aquellas cosas que se dejaron de hacer durante el desarrollo de su vida, en el ámbito de su formación.
“En las sentencias tenemos dos modalidades de tratamiento, dentro y fuera del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama), en los dentro tenemos una efectividad del 98 por ciento”. Indicó que en la sociedad hayuna cultura contraria a la legalidad que también propicia la impunidad, “de todos los casos, hay un 22 por ciento que se judicializan y otro 10 por ciento que se resuelve a través de medios alternos”. Esteban Cruz Obando
