A DURAS PENAS, en medio de reticencias o francas resistencias, el sistema nacional contra la corrupción se abre paso muy lentamente, y en ese andar titubeante se encuentra enemigos declarados o embozados. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de rechazar (como le informamos en nuestra edición de ayer) una impugnación que presentaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y decidió por mayoría de votos (parece que aún hay magistrados con verdadera vergüenza ética) que, “por razones de seguridad”, es válido que los servidores públicos mantengan en secrecía sus declaraciones de ingresos por hasta ¡4.08 millones de pesos al año, o sea, 340 mil pesos mensuales! Ya si ganan más de $340 mil al mes, entonces estarían obligados a publicar sus ingresos. ¿Qué le parece esa muestra de transparencia y honestidad que avalan los jueces de nuestro máximo tribunal? La razón que esgrimió la SCJN para proteger esa oscuridad es que publicar esos ingresos puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario judicial. ¿Transparencia? ¡Así cómo!
LA IMPARTICIÓN DE justicia pronta y expedita en el interior del estado sigue siendo una deuda pendiente de pagar. En el Artículo 17 de la Constitución se asienta que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. Este fragmento es todavía una declaración utópica, y su cumplimiento no parece ser una gran preocupación para quienes deben atender ese rubro, y al decir esto hay que reconocer que para lograr el imperio total de la ley en la citada zona hacen falta grandes inversiones en infraestructura y personal. En numerosas poblaciones del interior no hay más recurso para tratar de obtener justicia que recurrir al juez de paz, quien con sus escasas atribuciones apenas puede resolver uno que otro pleito casero. Así ha sido desde hace décadas, y así seguramente seguirá siendo por mucho tiempo. La pésima impartición de justicia en el interior del estado genera impunidad y ésta alienta la comisión de un creciente número de delitos, en un círculo vicioso que se eterniza.
REPORTES PRELIMINARES que dio a conocer la delegación de la Sagarpa señalan que, a un día del cierre del plazo de 15 para la captura de pepino de mar en Yucatán, se había registrado un volumen total de 1,706 toneladas, poco menos que las 1,966 que aprobó como límite la autoridad federal. En contraste con esa delegación, el presidente de la Federación de Pescadores de la Zona Oriente, Pastor Gerardo Contreras Avilés, declaró que la temporada de captura de pepino de mar cerró tal como empezó, o sea, muy baja, y expresó su preocupación por que, acabado el plazo legalmente permitido, continúe de manera ilegal a la captura del codiciado producto. “Piensa mal y acertarás”, decían antes en los pueblos; y pensando mal, es probable que a los grandes comerciantes de pepino les convenga reportar volúmenes altos de captura, aunque no las hayan logrado, porque eso les da oportunidad de sacar de sus congeladoras el pepino que en meses pasados hayan comprado ilegalmente. ¿En qué acabará todo este asunto del pepino de mar? ¿Habrá este año otra temporada para su captura? Y si es así ¿a cuántas brazas tendrán que bucear los “pescadores suicidas”? Por cierto, la minitemporada de pepino dejó como saldo humano cuatro muertos y unos 10 descompresionados, quienes sufrirán de por vida las secuelas de las burbujas en la sangre.
NO TODO ESTÁ PODRIDO en Dinamarca, y ayer el periodista Bernardo Caamal nos dio a conocer que cuatro trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) que habían sido despedidos, injustificadamente según dijeron ellos mismos, fueron reinstalados ayer mismo en sus puestos en Peto, en un hecho que creemos inédito porque por lo general las dependencias de gobierno, sobre todo las federales, no se tientan el corazón para cesar empleados, y con gran frecuencia obligan a sus trabajadores a firmar contratos anuales, de manera que no puedan generar derechos y así tampoco puedan exigir altas indemnizaciones. “Reconocemos que hubo errores”, dijo el delegado Jesús Vidal Peniche, en una actitud que, nos parece, lo honra.
