La SCJN decidió dejar sin efecto las dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata, en sus montañas a cielo abierto
La comunidad nahua de Tecoltemi, en la áridas sierras de Puebla, en el centro este de México, celebra el triunfo de siete años de batalla legal contra una minera canadiense que, según los pobladores, ponía el peligro la escasa agua que tenían, su salud y su derecho a un medio ambiente sano.
La Suprema Corte de Justicia del país decidió “dejar sin efecto” dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata en sus montañas a cielo abierto, porque no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas afectados, tal y como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México forma parte.
El tribunal ya se había pronunciado en varias ocasiones por hacer cumplir dicho convenio, pero ésta es la primera vez que cancela una concesión minera por este motivo, explicó Claudio Garibay, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en conflictividades territoriales.
Aunque la sentencia final todavía no se ha publicado, su borrador ordena al gobierno a hacer ese tipo de consultas antes de otorgar nuevos permisos y no cuando parte del daño pueda estar ya hecho, como ha ocurrido en otros proyectos que afectan a territorios indígenas, indicó Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, un colectivo que apoya a los pobladores.
La empresa, en un comunicado dijo que esperará a tener la sentencia definitiva para evaluar la situación y se mostró convencida de que los permisos se “re-emitirán” cuando el gobierno haga las consultas
No obstante, Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, la filial de Almaden Minerals en México, alertó que este tipo de fallos puede poner en riesgo muchas inversiones.
“Estoy muy contenta, ha sido un trabajo intenso y por algo se empieza”, comentaba vía telefónica Francisca Zamora, vecina de una comunidad cercana a Tecoltemi, dentro del mismo municipio de Ixtacamaxtitlán y que comparte la lucha de sus compañeros porque, dice, el trabajo de la minera les afecta a todos.
Aunque el amparo también pedía declarar inconstitucional parte de la actual ley minera y eso no se logró, en la sierra son optimistas. “Continuaremos la lucha”, agregó Zamora.
El principal reto ahora es lograr una consulta verdaderamente libre e informada, algo que no siempre se ha cumplido en otros puntos del país porque, según el académico Garibay, lo habitual es que las empresas que desarrollan grandes proyectos energéticos o mineros sean muy hábiles en el reparto de fondos y regalos y, cuando no funciona eso, no dudan en usar la coerción, las amenazas y en algunos caso la violencia.
Pérez indicó que, en la sierra de Puebla, la estrategia de la compañía ha sido romper el tejido comunitario con dinero para crear enfrentamientos entre distintas comunidades y ahora temen que ese conflicto social se pueda intensificar. La ONG Fundar, que también colabora en el apoyo legal de los pobladores, denunció en 2020 intentos de soborno a los vecinos para que desistieran de los amparos.
Lo que hay en juego es mucho. El proyecto de Almaden Mineral en Ixtacamaxtitlán, un municipio con 126 comunidades de la parte más alta de sierra norte de Puebla, tiene unas reservas millonarias de oro y plata y, según la web de la compañía, su valor neto actual se estima en unos 310 millones de dólares.
La minera sostiene que genera empleos, es respetuosa del medio ambiente y garantiza el agua.
Texto y foto: Agencias
