De acuerdo a las integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, a pesar de que en el estado se ha logrado un gran avance en la aprobación e implementación de leyes a favor de niñas y mujeres, en la práctica, acceder a la justicia es una carrera de obstáculos, donde las víctimas de violencia se encuentran con que a los jueces y juezas les faltan cursos, talleres, asesoramiento y conciencia para aplicar los protocolos en materia de perspectiva de género.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde su representación en el estado, en los últimos siete años, ha dado acompañamiento en Mérida a 17 casos de feminicidio en grado de tentativa, en donde después de integrar una carpeta de investigación y pasar a una audiencia juezas y jueces han reclasificado el delito a “lesiones “exponiendo con esto la vida de las mujeres, violentando las leyes y demostrando su falta de perspectiva de género.
“Proceder de esta manera impide que los agresores, inclusive acusados de feminicidio no estén en prisión, mientras que sus víctimas se tienen que esconder, acudir a un refugio o incluso irse del estado”, subrayó Nancy Walker Olvera, quien recalcó que no están pidiendo que se destituya a los jueces, pues considera que tienen experiencia en la carrera judicial, pero sí que sean capacitados para que incorporen la perspectiva de género, y advirtió que si es necesario, están dispuestas a tomarán acciones legales para lograrlo.
Reunidas este jueves en uno de los pasillos del Centro de Justicia Oral de Mérida, las activistas recordaron que uno de los primeros casos que generó descontento fue el de Gretel; “una jueza argumentó que su agresor no le quería cortar la yugular, ya que si esa fuera su intención, lo hubiera logrado ya que por ser estudiante de chef, maneja diestramente los cuchillos”, dijo la representante en Yucatán del Observatorio Nacional de Violencia contra las mujeres, Adelaida Salas Salazar, quien también recordó el caso de Rosario.
“Ella fue privada de su libertad, amarrada, incomunicada y amordazada, además de que fue golpeada con diversos cinturones y puños. “Su agresor la pateó, la amenaza con un arma y casi la mata y a ruegos y engaños de ella la lleva al hospital, y la juez con el argumento de que la llevó al hospital”, detalló la activista.
El último caso fue el de Astrid… a quien su agresor intentó ahorcar en dos ocasiones por querer reestablecer una relación de noviazgo y la jueza argumentó que “está mal su percepción, y además de que no le aceptó a sus testigos, la hizo pararse en la audiencia para comparar su estatura con su agresor.
“Muchas mujeres no se atreven a denunciar porque tienen miedo a que se cumplan las amenazas de muerte de las que son objeto ellas o sus familias, y otras no lo hacen para no arruinar su buena reputación, y las que si se atreven a hacerlo se encuentran que sus casos no terminan clasificados como intento de feminicidio porque las y los jueces no aplican los protocolos de perspectiva de género”, indicó Gina Villagomez Valdez, quien acompañada de Ligia Vera Gamboa, recalcó que lo mismo aplica para el feminicídio o el suicidio feminicida que implica de manera previa una ruta de violencia.
Y por increíble que parezca, son mayormente las juezas las que han hecho reclasificar los delitos, no es posible que sigan actuando de esta manera sin que nadie les diga nada, entonces, ¿en manos de quien está la vida de las niñas y las mujeres?, cuestionó Salas Salazar, quien subraya que en el desarrollo de los juicios las mujeres son humilladas o re victimizadas.
Finalmente la señora Milagros Herrera Buchanan, dijo que como las integrantes del Frente por los derechos de las Mujeres en Yucatán, estarán vigilantes de las sentencias que los jueces emitan y que darán seguimiento a los casos. “Los jueces no son impunes, hay un proceso para llevarlos a cuentas en el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.
Del día Manuel Pool con fotos
