Carlos Hornelas
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Morena, el partido del presidente, elaboró una iniciativa a fin de extinguir 13 fideicomisos que afectarían al poder judicial, por influencia, orden o solicitud del presidente. En otras palabras, el titular del ejecutivo ha arremetido en contra del presupuesto de otro poder autónomo queriéndose apoderar de 15, 000 millones de pesos a los cuales les daría un mejor destino teniendo como una garantía su palabra en tiempos electorales.
La extinción de dichos fideicomisos fue impugnada a través de un recurso interpuesto por la oposición al gobierno de AMLO y de ser aceptada para trámite y resuelta a favor de los promoventes, se regresaría al estado anterior de las cosas, reintegrando estos recursos al poder judicial.
La Corte ha explicado que dichos fideicomisos sirven para garantizar derechos adquiridos por los trabajadores y no para beneficiar de manera individual y exclusiva a los once integrantes de este órgano, como ha difundido el presidente. Además, en todo caso el destino de este dinero no es decisión del presidente, puesto que no puede invadir las competencias de los otros poderes.
No puede ponerse por encima del Judicial, quitándole algo que le pertenece. Ni por encima de la Cámara de Diputados quien tiene entre sus facultades exclusivas la aprobación del destino de los recursos del presupuesto de egresos de la Federación.
Ante ello, el titular del ejecutivo a nivel federal a través de su Consejería Jurídica interpuso un recurso para evitar que el ministro Javier Laynez Potisek resolviera la impugnación de los partidos de oposición y con ello hacerse con los recursos de los fideicomisos por extinguirse o al menos ganar tiempo para evitar que la impugnación tenga pronta resolución.
No obstante, se ha dado a conocer que con una votación unánime y ante los argumentos del ministro Javier Laynez Potisek, su petición es improcedente, con lo cual faltaría ver si se acepta para trámite y resolución.
Este pasaje el ilustrativo de algunas de las maniobras que opera el presidente a fin de que las cosas se resuelvan a su favor a costa de cualquiera. El diferendo con la Corte es producto de los diferendos que le han provocado reveses a sus iniciativas. Si bien él suele presentar sus ideas y proyectos como avalados por el pueblo, lo cierto es que carecen del más mínimo conocimiento acerca de aspectos tan elementales como la división de poderes, la distribución de facultades o los procedimientos necesarios para encauzar sus inquietudes.
A partir de ello y en un arranque de decepción ante los hechos, se ha victimizado de un supuesto ataque a su persona en detrimento de los intereses de la Nación por parte de los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lugar de preparar de mejor manera sus iniciativas, apegándose a la Constitución y demás leyes en la materia, ha decidido arremeter sin más al único poder que no controla y le ha puesto límites tomando como base el instrumento que a ambos poderes les faculta sus encomiendas y lindes: la Constitución.
Quiere jugar un juego en el cual una vez iniciada la partida sólo él tenga la facultad de cambiar las reglas a su favor. El impass que quería provocar a partir de la petición de su Consejería jurídica es una maniobra que hemos visto antes en otras ocasiones en las cuales, imposibilitado de deshacerse de sus detractores, los inmoviliza. Así pasó cuando redujo el presupuesto del INE y así sigue sucediendo cuando ha retrasado el nombramiento de comisionados de transparencia en el INAI para evitar que resuelvan sobre casos de interés nacional para conocer el estado de diversas áreas a su cargo. En otros lugares a esto le llaman autoritarismo antidemocrático. Él le llama “golpes” en contra del gobierno.
