La desigualdad es un mal endémico cuyo “combate” ha estado presente en todos los discursos, ofertas y programas de campaña y de gobierno desde que uno tiene memoria. También, desde que uno tiene memoria el problema sigue siendo el mismo o peor. Una de dos. O los gobernantes no han acertado en las políticas públicas para combatir la desigualdad o simplemente les ha importado un bledo y siguen prefiriendo un statu quo en que todos los bienes y servicios en los que uno puede pensar o a los que es legítimo aspirar se reparten de una manera inadmisiblemente desigual.
México pasó de ser un país pobre y desigual a ser un país de ingreso medio, pero igualmente desigual. 1% de los mexicanos posee 43% de la riqueza, el siguiente 9% tiene 21% y 90% restante 36%. Algo similar ocurre con el ingreso. México ocupa el lugar 16 por el tamaño de su economía, pero es el 87 de 113 países en desigualdad del ingreso. Puesto de otra manera, 76% de los países del mundo presenta menor desigualdad de ingreso que el nuestro. En México los más ricos tienen ingresos 23 veces mayores que los más pobres. 10% más rico del país tiene en sus manos 37% del ingreso y 10% más pobre el 1.6%. Desde 1963 este último dato no ha variado. Ni la política impositiva ni el gasto han podido o querido modificar esta situación. No se trata de que haya menos ricos, pero sí de que haya menos pobres. La desigualdad en nuestro país no se reduce a la concentración de la riqueza en pocas manos o a las grandes diferencias de ingreso. La desigualdad como la corrupción es sistémica. La desigualdad lo toca todo y las políticas públicas no han hecho nada para remediarla. Alimentación, salud, educación y vivienda son los indica
dores más usados para medir la desigualdad en el país. Por ejemplo, de cada 100 jóvenes entre los 15 y los 17 años de edad, 35 no tienen entrada al bachillerato y 70 de cada 100 jóvenes de entre los 18 y los 22 años no tiene oportunidad de recibir educación superior. Esto se traduce en ausencia de oportunidades para acceder al trabajo formal y, por tanto, a la seguridad social que la formalidad trae aparejada. De la misma forma son los pobres los que tienen la más alta tasa de mortalidad por causas evitables y los más vulnerables a la pérdida de patrimonio por tener que acudir a un médico privado ante la insuficiencia del sistema de salud. Esta desigualdad se repite en los homicidios ligados al crimen organizado. Prestamos gran atención al secuestro u homicidio de empresarios o familias pudientes, pero los secuestros, extorsiones, violaciones y homicidios dolosos se concentran en las clases bajas. Lo mismo ocurre con el acceso a la justicia. Ante la falta de defensores de oficio suficientes y competentes se requiere recurrir a coyotes de la justicia que medran con la ignorancia y el temor al castigo, a perder un predio, a quedarse sin una herencia, a ser despedidos, a defender la custodia de los hijos, a recuperar unas escrituras o a cobrar una deuda. No en balde las cárceles están llenas de hombres y mujeres que clasifican entre los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso. Otro tanto puede documentarse en materia de las empresas. 75% de las pequeñas y medianas empresas que entran al mercado quiebra durante los primeros cinco años y 90% no llega a los diez años. Parte de las razones de las quiebras tempranas puede estar en la falta de capacidad técnica y de
gestión de sus responsables, pero el grueso de la explicación se concentra en la desigualdad: para acceder al crédito, para sobrellevar la carga de la corrupción de las autoridades o para enfrentarse al exceso de las regulaciones impuestas por la burocracia. Todas éstas obran en favor de las grandes empresas que tienen acceso preferencial al crédito bancario, que cuentan con gestores para realizar trámites, que tienen los contactos para entrar en las licitaciones o que pueden absorber el costo de la corrupción. La desigualdad, también es territorial. Según Coneval más del 60% de las personas que habita en localidades de menos de dos mil 500 personas es pobre. El porcentaje se reduce a 41% para las localidades urbanas. Una mayor igualdad puede ser éticamente superior y moralmente preferible, pero, sobre todo, es favorable económicamente, conveniente socialmente y útil políticamente. Desde el punto de vista económico la desigualdad reduce el crecimiento, privilegia el rentismo, limita la inversión, deprime la demanda y promueve la Informalidad. Desde el mirador social provoca violencia, discriminación, exclusión e injusticia. Desde la óptica política, autoritarismo, clientelismo y deslegitimación. A pesar de ello, hasta el momento todos los proyectos modernizadores de México han sido excluyentes: mucho para unos cuantos y poco para la mayoría. La desigualdad es una construcción social, es una elección, no una fatalidad. Esta persistente desigualdad junto con la violencia y la corrupción son los tres pilares de ese humor social del que hoy se queja el gobierno y que tiene a la ciudadanía desesperanzada, descontenta y decepcionada.
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