La aplicación de la Ley 3 de 3 a las empresas que logren algún contrato con el Gobierno, en cualquiera de sus niveles, aumentará el trámite burocrático, que ya de por si es engorroso ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En entrevistas por separadado, Mario Can Marín (CANACINTRA), Juan José Abraham Daguer (CANACOME) y Luis Eduardo Castillo Campos (CMIC), destacaron los avances del Sistema Anticorrupción que se aprobó la semana pasada, pero lamentaron la actitud de los legisladores en el tema de las empresas, ya que lo que se busca es frenar la corrupción entre la clase política y no entre la empresarial.
"A nosotros ya nos audita y a cada rato el SAT y tenemos que informar todos nuestros ingresos y gastos ante esa dependencia. Por eso creo que el tema de los empresarios está de más", afirmó Can Marín.
El líder de Canacintra dijo que es importante lo que se logró con la Ley, porque es algo que se ha exigido por muchos años por la sociedad, que haya transparencia en la asignación de los recursos públicos y el bueno uso en la asignación de dichos recursos. Pero además, que los programas beneficiados tengan repercusión en la sociedad, que no sólo sea para beneficiar a los amigos.
"Yo creo que el hecho de que ya haya esta parte de la Ley, es importante seguir trabajándola y puliéndola, para que día con día vayamos teniendo mayor certeza en la transparencia de dichos recursos. Quizás no quedó al 100 por ciento de lo que solicitó la sociedad civil, pero creo que es importante que los políticos hayan tomado en cuenta la participación de la gente", señaló.
Sobre si la Ley 3de3 que se aprobó, con todo y que las tres declaraciones de los funcionarios no podrán ser públicas, será freno a la corrupción de los político, Can Marín dijo que eso el tiempo lo dirá.
"Hay tiempo para pulirla más, es un tema que nunca va a terminar porque es nuevo, pero en donde la sociedad tuvo una gran participación", agregó.
Y es que el Senado de la República aprobó la inclusión de una disposición en el Sistema Nacional Anticorrupción, por la cual, tanto las personas físicas como las empresas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas, deberán presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
Sobre ello, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Castillo Campos opinó que es necesario hacer un análisis integral de cuáles son las desventajas y ventajas de aplicar tales medidas.
“No creo que aplicando leyes de forma estricta se puedan componer muchas cosas, hay que legislar y buscar una verdadera ley que ayude a componer lo que haya que componer”, declaró.
En ese sentido, será un papeleo enorme y una situación que a nadie favorecerá.
"No creo que sea necesario engrosar los requisitos para hacer obra, en un momento que el país requiere haya generación de empleos, que haya mucha inversión y haya reciprocidad con respecto a lo que el gobierno invierte y a lo que los empresarios hagamos”, indicó.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Juan José Abraham Daguer los trámites para el sector empresarial serán más complicados si se mantiene la ley como lo aprobaron los senadores.
“Va a desincentivar la proveeduría al gobierno, causando que el gobierno compre en peores condiciones, más caro al tener una menor oferta disponible”, advirtió.
Aunque destacó que el gobierno federal ya envió algunas buenas señales al no publicar la ley, por lo confió que puedan existir cambios en la misma que abonen a combatir la corrupción pero que no enreden los trámites administrativos.- Esteban Cruz Obando
