Mérida, Yuc., a 23 de agosto de 2016.-Cansados de la displicencia con la que han sido tratados por funcionarios de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Yucatán, más de cien personas consideradas como parte de la población en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación del Estado de Yucatán, de acuerdo con los criterios de resultados del Consejo Nacional de Población y a las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación, cuyas viviendas se ubican en Zonas de Atención Prioritaria, de conformidad con la Declaratoria formulada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acudieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa, con sede en esta capital, a interponer una demanda en defensa de sus derechos e intereses que consideran han sido violentados reiteradamente por las referidas autoridades federales, cuyo titular es el señor William Sosa Altamira, quién ostenta el cargo de Delegado Estatal en la entidad.
Consideran denigrante y altamente ofensivo la actitud discriminatoria desplegada por estos funcionarios, que creen falsamente que siendo los más pobres del país, no sabremos cómo defender nuestros derechos al no contar con los medios para hacerlo, por lo que despliegan prácticas ilegales como el clientelismo, la opacidad y la no rendición de cuentas, lo que se traduce en ilegalidad y corrupción, favoreciendo sus intereses personales y políticos en demérito del interés social, faltando a su principal responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativa que rige, no sólo en su desempeño como funcionarios públicos, sino que, además, regulan la implementación de los programas sociales a su cargo en favor de las personas que más lo necesitan.
Confían en que acudir ante el Poder Judicial Federal sea la vía para lograr la protección de sus derechos y abatir esas conductas irregulares de ciertos funcionarios públicos que han hecho y siguen haciendo tanto daño a toda la sociedad mexicana al violentar reiteradamente el Estado de Derecho que debe prevalecer como la condición más importante para lograr y mantener la paz social.
