El Gobierno mexicano expuso este viernes que analiza pedir la extradición del exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión por narcotráfico el miércoles en Estados Unidos, porque hay tres órdenes de aprehensión vigentes en México.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, Pablo Gómez, detalló que hay órdenes de arresto contra 61 personas, incluyendo García Luna, por contratos irregulares para cárceles mexicanas mediante empresas de lavado de dinero entre 2009 y 2018. “¿Qué procede? Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición”, declaró el funcionario en la conferencia diaria del Gobierno.
Gómez aseveró que “el Gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel”.
García Luna, exsecretario de Seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y líder de la ‘guerra contra el narco’, recibió una sentencia de más de 38 años de cárcel el miércoles en Nueva York por cinco cargos relacionados con el narcotráfico y de mentir a las autoridades estadounidenses.
Pero, además, el Gobierno de México investiga contratos de seguridad pública que recibieron empresas de García Luna de 2009 a 2018 por 625.18 millones de dólares y 93.89 millones de pesos, lo que también involucra a su esposa, Linda Cristina Pereyra.“Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano”, sostuvo Gómez.
Asimismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que hay otras dos órdenes de arresto, una por su participación como secretario de Seguridad en el operativo ‘Rápido y furioso’, que permitió el ingreso de armas de EU durante su gestión que terminaron en manos del narcotráfico. Y una más “por el uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, en el caso de privatización de los penales federales, lo que generó un daño patrimonial inmenso”.
Texto y foto: Agencias
