Salvador Castell-González
En México, la gestión sostenible del agua representa una deuda reglamentaria desde 2012. La legislación vigente es insuficiente para enfrentar la creciente crisis hídrica, a pesar del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua. La Ley Nacional de Aguas de 1992 resulta obsoleta, incapaz de abordar el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la desigualdad en el acceso al agua, permitiendo en algunos casos la privatización de recursos y limitando el acceso, especialmente en zonas rurales.
Recientemente, el Congreso del Estado presentó iniciativas para una nueva ley estatal y el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua a nivel local, buscando fortalecer la gestión hídrica adaptada a las particularidades regionales. Sin embargo, la compleja situación geográfica del estado dificulta la coordinación intergubernamental, generando incongruencias legislativas que requieren una estrategia hídrica estatal coherente y efectiva. Además, su implementación enfrenta resistencia de intereses particulares y escasez de recursos. Este contexto dificulta aún más el avance hacia una gestión sostenible.
Ante esta realidad, circulan rumores sobre una nueva Ley General de Aguas para el 22 de marzo de 2025. Aunque especulativo, este rumor refleja la creciente preocupación ciudadana. Se espera que esta ley priorice un enfoque más humanista y sostenible, pero su efectividad dependerá crucialmente de su contenido y de la voluntad política para su implementación efectiva. Este es un paso necesario, pero no suficiente.
Por lo tanto, se requiere una reforma integral del sistema de gestión del agua. La sociedad civil, académicos y comunidades indígenas hemos demandado durante años una ley que garantice la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del agua para todos, independientemente de su condición socioeconómica o ubicación geográfica. Es imprescindible la transparencia, la participación efectiva y la rendición de cuentas. El fortalecimiento de la ejecución de nuevas leyes debe ir acompañado por la creación e implementación de una secretaría del agua, una estrategia probada en otras entidades federativas.
La crisis hídrica en México exige una acción inmediata y contundente. La falta de legislación integral y eficaz, sumada a la resistencia de intereses particulares, pone en riesgo el acceso al agua como derecho humano fundamental. El éxito de una nueva ley general dependerá de la voluntad política real para superar las barreras a una gestión sostenible y equitativa, así como de la continua vigilancia ciudadana para asegurar su efectiva implementación. Sin una acción decidida y coordinada entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil, el futuro hídrico de México permanecerá en grave peligro.
