El Congreso del Estado aprueba la reforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, entre los aplausos y vítores de sindicalizados que acudieron a la sesión
El salón del Pleno del Congreso de Yucatán lució ayer abarrotado por dirigentes sindicales del sector educativo y del Poder Judicial, quienes desde 2022 habían encabezado una lucha constante por la defensa de sus derechos laborales. En ese año, la ley del Isstey fue modificada por la administración estatal anterior, con el respaldo de los diputados del PAN, que ese entonces contaban con mayoría legislativa.
En ese momento, uno de los puntos que más inconformidad generó entre los trabajadores fue el aumento en la edad de retiro, que establecía la jubilación hasta los 65 años, una medida considerada injusta por amplios sectores del magisterio y la burocracia estatal.
El escenario estaba listo, cuando el presidente de la Mesa Directiva, Mario Alejandro Cuevas Mena, hizo el llamado a todos los diputados presentes para entrar de lleno a la lectura del dictamen y debate. No estuvo presente la legisladora panista Itzel Falla Uribe.
Primeramente, la diputada Sayda Melina Rodríguez Gómez dio lectura al dictamen que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en días previos; solamente el PAN no estuvo de acuerdo.
“Fallecimiento por riesgo de trabajo: en caso de fallecimiento por riesgo de trabajo de una persona servidora pública, sus personas beneficiarias, en el orden establecido en el artículo 128 de este ordenamiento, tendrán derecho a que el instituto les pague una pensión por fallecimiento por riesgos de trabajo equivalente al cien por ciento del último salario de la persona servidora pública”, señala el dictamen.
Sobre las cuotas de las personas servidoras públicas en transición:
“Tratándose de las personas servidoras públicas en transición, las cuotas a que se refiere la fracción I del artículo 20 de esta ley, serán de un porcentaje de su salario de cotización establecido de acuerdo con la siguiente tabla, año porcentaje: durante el 2025 al 2030 será de 9.00 por ciento del 2031 al 20233 será de 11 por ciento, para el 2033 será del 12 por ciento y del 2034 en adelante será del 13 por ciento”, abunda el dictamen.
Aunque las reformas aprobadas representan apenas el primer paso hacia la mejora integral de la ley, se reconoció que aún faltan varios procesos por concretar para garantizar derechos laborales más justos, acordes con las condiciones de vida actuales y con una visión de futuro.
LOS CAMBIOS
Entre los cambios más relevantes de la reforma se encuentran la reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años, así como el establecimiento de 30 años de cotización para hombres y 28 para mujeres.
Asimismo, la eliminación del salario regulador, un aspecto que fue inscrito en la ley, en el 2022, y que más aquejaban a los trabajadores, pues los tenían como una imposición de un gobierno “neoliberal”. Ahora las pensiones serán con base en el promedio de los dos últimos años de sueldo.
También, el congelamiento de las aportaciones de los trabajadores en 11% hasta 2030; la prohibición del dinero del Instituto a inversiones de riesgo y blindaje de las reservas económicas, asegurando su sostenibilidad.
EL DEBATE
La primera en subir a la tribuna fue la morenista Maribel Chuc Ayala, quien aseguró que “esta reforma no nace del capricho ni de la improvisación, surge de la escucha, del diálogo y del compromiso con quienes durante años han sostenido la educación, la salud y los servicios del Estado”, por lo que es la “corrección de una injusticia histórica” al devolver derechos a las y los trabajadores del Estado.
Luego, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, señaló que el dictamen se queda corto, ya que no logra el objetivo esencial de asegurar en forma amplia el respeto y la protección de los derechos laborales, ni garantiza la viabilidad financiera del Instituto.
“Se buscaba tipificar como delito la omisión y retención indebida de cuotas de seguridad social dentro del Código Penal del Estado, medida indispensable para garantizar una protección integral a los derechos de seguridad social y reconocer el derecho de cesantía en edad avanzada”, dijo el legislador, que votó a favor.
A su vez, el panista Roger Torres Peniche manifestó que la postura de su bancada sería en contra de la reforma. “La realidad financiera que no se puede ignorar, los propios informes técnicos muestran que esta contrarreforma abriría un boquete financiero que agotará la liquidez del Instituto antes de 2028, dos años antes de lo que se había proyectado incluso en los escenarios más pesimistas”, expresó.
Por su parte, el diputado morenista Julián Bustillos Medina destacó que el nuevo marco legal representa un acto de reparación y justicia, tras los efectos negativos de la reforma anterior. “Hoy damos un paso firme hacia la reparación de los agravios y la construcción de un marco normativo más justo y sostenible”, externó.
Por último, el presidente del Congreso de Yucatán, el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (Morena), quien decidió no leer su discurso, destacó el respaldo a la iniciativa al destacar el papel de los trabajadores como fortaleza del Estado y la necesidad de actuar con justicia social.
“No es populismo, es estar del lado de la gente, los gobiernos anteriores usaron los recursos del Isstey para otras cosas que no iban en beneficio de casi 42 mil trabajadores del Estado; hoy es un día trascendental para Yucatán, esta iniciativa devuelve sus derechos a los trabajadores y vamos a seguir trabajando para que tengan mejores condiciones salariales y cuando ya hayan cumplido su ciclo laboral, se vayan a su casa a vivir con dignidad por el esfuerzo del trabajo que le han entregado al estado”, dijo Monforte Marfil.
LA VOTACIÓN
Los diputados del Partido Verde Ecologista, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PRI y Morena, levantaron a la mano, emitieron su voto a favor, al igual que la diputada Rosana del Jesús Couoh Chan, que no tiene partido, sumando 23 sufragios a favor.
Por su parte, los 11 legisladores panistas presentes votaron en contra.
Durante la sesión, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Postulación del Reconocimiento del “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que este año será otorgado en Sesión Solemne, de manera póstuma, al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, por su trayectoria en la salud pública y su compromiso con el bienestar de la población yucateca.
El diputado Daniel González Quintal, presidente de la citada Comisión, expresó que este reconocimiento “honra la vocación de servicio y el legado de un médico que dedicó su vida a cuidar, enseñar y acompañar a su pueblo”.
Se convocó a la sesión solemne para la entrega del reconocimiento del “Médico del Año”, el jueves 30 de octubre, a las 12:00 horas.
Asimismo, se aprobó el acuerdo por el que se expide la convocatoria del reconocimiento “Efraín Calderón Lara”, correspondiente al año 2025, con el objetivo de reconocer a jóvenes yucatecos destacados en los ámbitos académico, deportivo, cultural, social, de innovación y emprendimiento.
Texto y fotos: A. Ruvalcaba
