Carlos Hornelas
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En un acuerdo publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021), el presidente Andrés Manuel López Obrador, invocando el artículo 26 constitucional, eleva las obras de su gobierno a “interés público y de seguridad nacional”. Con lo cual, como reza su articulo segundo “Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.”
En otras palabras, a través de este recurso considera sus proyectos como seguridad nacional y los pretende hacer inatacables ante los tribunales y por otra, les exime de todas las exigencias de leyes en los renglones en los cuales se pueda encontrar con óbices para su realización.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales prepara un recurso de control de constitucionalidad en contra de este Acuerdo por estimar que mina el derecho a la transparencia y la rendición de cuentas. Prácticamente dejaría al presidente hacer su santa voluntad, pasando por encima de diversas disposiciones legales vigentes y no responder ante ninguna solicitud de ningún interesado en el desarrollo de cada obra.
AMLO, por su parte ha tenido sus diferencias con el Instituto a partir de que ha señalado ciertas inconsistencias desde el inicio de su gestión. Por ejemplo en el caso de las pipas designadas para el suministro de gasolina cuando se decidió a combatir el huachicol y provocó escasez.
Ante este anuncio del INAI, el inquilino de palacio nacional ha arremetido nuevamente en contra de uno de los organismos autónomos que busca desaparacer: “Ese organismo durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar, tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción”.
Ante estas afirmaciones, cabe aclarar que la esfera de competencia del INAI no es combatir la corrupción sino garantizar el derecho a la información del ciudadano ante el aparato estatal, cosa que tal vez ignore quien se quiere designar como adalid en contra de la corrupción dejando al ejército no solo la construcción de las obras emblemáticas de su Cuarta Transformación sino también su gestión, su cuidado, su mantenimiento, su administración y ahora hasta su discreción, pues desde este momento tienen manga ancha para despacharse con la cuchara grande sin que medie recurso alguno que pueda interponerse para conocer acerca de sus gastos, manejos y dispendios.
Una vez más parece que más que deberse al pueblo, el presidente se debe al ejército a quien ha hecho una serie de concesiones que jamás había tenido. Cosa que es un factor de preocupación porque al término de su mandato, el coto de poder que se ha obtenido puede ser motivo de preocupación para el siguiente mandatario.
Ni regresó al ejército a sus cuarteles, ni desmilitariza la vida civil, ni se le ven intenciones de acotar su poder a través de un instrumento que ya estaba en las manos de los ciudadanos y que ahora secuestra para sus fines: la transparencia.
