El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó este domingo que las autoridades de Estados Unidos protegieron a Julio César Chávez Jr. pese a que tenían conocimiento desde 2023 de que en México existía una orden de aprehensión en su contra. Además, reveló que el boxeador ya promovió al menos cinco o seis amparos en tribunales mexicanos para evitar ser detenido si regresa al país.
En conferencia de prensa desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que ese mismo año el boxeador entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista y vivió libremente allá, “protegido por las leyes americanas”.
“Ellos sabían perfectamente que estaba esta orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en el territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos los entreguen.
“Y resulta que la información, que además la ratificó el gobierno americano y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas cuando sabía que había una orden de aprehensión, resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones del gobierno americano y no nos han hecho parte hasta que lo detuvieron”, aseguró Gertz Manero al ser cuestionado sobre el caso.
Recordó que, cuando se anunció la reciente detención de Chávez Jr. por autoridades estadunidenses, fue ese mismo gobierno el que confirmó públicamente que el boxeador tenía una orden de captura vigente en México. “Nosotros lo ratificamos y dijimos que desde 2023 esa orden de aprehensión existiría”, subrayó.
El fiscal explicó que la investigación contra Chávez Jr. se deriva de una denuncia presentada en 2019 por el Departamento del Interior de Estados Unidos a través de su embajada en México, en la que se imputaron delitos como delincuencia organizada, tráfico de personas, armas y drogas, relacionados con el grupo criminal de los Guzmán, en Sinaloa.
Dicha carpeta de investigación, indicó, identificó responsabilidades penales para 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; Néstor Ernesto Pérez Salas El Nini y otros operadores del cártel. Varios de ellos fueron detenidos y extraditados, mientras que Chávez Jr. fue incluido entre las órdenes de aprehensión pendientes.
Sobre los amparos, precisó que han sido negados por el Poder Judicial, ya que no proceden si el acusado aún no está bajo custodia de las autoridades mexicanas.
Texto y foto: Agencias
