Se pretende que este inmueble albergue a diez dependencias, lo que significa la presencia de mil trabajadores diariamente, más ciudadanos que acudan a hacer algún trámite
Continuar con los trabajos de la Ciudad Administrativa e incluso concluir esta obra, en la que ya se invirtieron 790 millones de pesos, está en riesgo debido a que se realiza sobre un terreno que no es propiedad del Gobierno del Estado, sino de un particular, cuya donación solo fue “de palabra”.
La situación “legal” del terreno donde se construye este proyecto salió a relucir durante la reunión entre la gobernadora Layda Sansores San Román y el exsecretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, y su sobrino Álvaro Buenfil, subsecretario de Obras Públicas.
Sin argumento válido alguno, tío y sobrino trataban de justificar el construir en un predio que no es propiedad del Gobierno del Estado, donado “de palabra” por su legal propietario, Rafael Castilla.
Para los “Buenfil”, la obra está casi lista; en ese edificio no terminado y que dicen podría estar listo en diciembre o enero próximos, cuyo avance físico, juraban, era del 98 por ciento, aunque admitieron que era cuestión de enfoques.
“Una cosa es lo bonito y otra es la falta de accesibilidad y cuidar el aspecto ecológico; no se justifica en una obra tan costosa”, indicó Layda Sansores.
También se destacó que esta obra carece de salidas de emergencia, y en la que se cuestionó también que, ante las altas temperaturas propias de la región, sus paredes sean prácticamente de vidrio, las cuales se quieren cobrar como si fueran paneles completos los que se colocaron.
En sus cuentas, solo había que comprar el mobiliario, previa licitación, ejercer 400 millones de pesos más en este edificio, uno de cuatro de lo que constará la Ciudad Administrativa, lo que deberá resolver la gobernadora Layda Sansores en los próximos meses en los que les reprochó “no hay recursos para trabajar”.
En respuesta, Buenfil Montalvo dijo que le dejó 100 mil pesos en vales de gasolina “como un acto de buena fe”.
“Es una obra muy costosa; una falta de respeto para la gente más importante, los que enfrentan alguna discapacidad”, subrayó la mandataria campechana.
Hasta el momento no se han entregado los 43 expedientes de los que se habló para su revisión y no será sino hasta el 14 de octubre que la actual administración tendrá los documentos oficiales, anexos y fundamentos de estos contratos, entre otras.
Texto y fotos: Agencia
