El Congreso de Yucatán celebrará una sesión extraordinaria para aprobar la reforma al Poder Judicial, cumpliendo con la homologación constitucional antes del 15 de marzo. La bancada del PAN negoció la permanencia de seis magistrados hasta 2036, lo que podría derivar en una acción de inconstitucionalidad; además, se discute la elección de jueces, con propuestas para definir su selección y permanencia. El PRI advierte que están obligados a legislar en la materia
Este lunes, a las 4 de la tarde, se realizará una sesión extraordinaria de Pleno del Congreso del Estado de Yucatán en la que se aprobará, quizás por unanimidad, la reforma al Poder Judicial de Yucatán, para cumplir con el mandato constitucional de homologar a los estados con la Constitución Federal antes del 15 de marzo.
Así confirmaron varios legisladores consultados horas después que se dio a conocer que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en Valladolid, aprobó por unanimidad el dictamen que aterriza la reforma federal en la entidad.
Para dar el aval a la reforma constitucional, la bancada del PAN negoció la permanencia hasta el 2036 de seis de los magistrados actuales, todos nombrados a partir de la reforma de hace 3 años que impulsó el ex gobernador Mauricio Vila Dosal.
Los magistrados que salvan la chamba son: la magistrada presidenta María Carolina Canto Valdés, titular de la Quinta Magistratura; Lizette Mimenza Herrera, de la Tercera Magistratura; Mario Alberto Castro Alcocer, de la Cuarta; Alberto Salum Ventre, de la Sexta; Patricia Gamboa Wong, de la Octava y Mauricio Tappan Silveira, de la Décimo Segunda.
De acuerdo al dictamen, todos ellos se quedan porque presiden las salas que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Hace tres años el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal impulsó una reforma al interior del Poder Judicial del Estado y logró tener el control absoluto de ese Poder.
Tres años después, ahora con una reforma constitucional a nivel federal, ya no impulsada por Vila, pero aterrizada en las 32 entidades federativas, el ahora vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, vía los diputados locales del PAN, asegura que seis de los magistrados que propuso, todos cercanos a él, se mantengan en sus cargos hasta 2036.
Por lo que vale la pregunta: ¿quién ganó en esta negociación principalmente entre las bancadas de Morena y el PAN?
“Yo creo que finalmente logramos ponernos de acuerdo en un escenario en que las fuerzas estaban muy encontradas y finalmente el hacer política y cabildeo en el Congreso del Estado se logró concretar un dictamen que finalmente dio un balance legal y político a las diferentes opiniones, desde mi punto de vista ganaron los yucatecos”, dijo el diputado Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN.
Y agregó: “Los diputados de esta Legislatura estamos demostrando capacidad de conciliar y de dar soluciones precisas, por lo tanto, cuando se ejerce la buena política todos ganamos, pero principalmente Yucatán, pues continuamos transformando el estado en mejores condiciones”.
CASI DESCARTADO
Otro tema que se trató en la negociación para conseguir la reforma en Yucatán es la elección extraordinaria de las personas juzgadoras.
Se barajaron dos fechas, en este mismo 2025 y en el 2027, por lo que será el INE o el Iepac quienes tomarán la decisión sobre si hay tiempo o no para realizarla.
“Eso es muy difícil para este año, pero el balón estaría en la cancha de INE y entiendo que ellos dirán que no pueden organizarla para junio”, dijo Torres Peniche.
TRANSITORIO INCÓMODO
Sin embargo, revisando la reforma constitucional en la materia se observa un transitorio que podría echar por tierra ese acuerdo.
La letra dice: “La renovación de la totalidad de personas juzgadoras de los Poderes Judiciales locales, deberá concluir en la elección federal ordinaria de 2027, en los términos y modalidades que los congresos determinen”.
Es decir, el acuerdo para que permanezcan seis magistrados de los actuales estaría violando este transitorio, lo que derivaría en una Acción de Inconstitucionalidad que bien puede poner de oficio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, algún diputado del Congreso de Yucatán a nombre del Poder Judicial o los mismos magistrados que no están en la lista. Es decir, nueve magistrados que perderán su trabajo por acción de la propia reforma.
OTRAS PROPUESTAS DEL PAN
De acuerdo con Torres Peniche, con relación al Proceso de Selección de Candidatos para jueces y magistrados, se hicieron varias propuestas, entre ellas:
1.- Cada Poder tendrá un “Comité de Selección” (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
2.- Cantidad de Candidatos por vacante. Opción A: Cada Comité propondrá a 2 candidatos por vacante (un hombre y una mujer). Opción B: Cada Comité propondrá a 1 candidato por vacante (seguir reglas de paridad alternando hombres y mujeres). Nota: Lo ideal sería solo 1 Candidato por Comité.
3.- Los Comités de Selección de los Poderes pueden presentar candidaturas comunes. Más de un Poder presentan a la misma persona.
4.- Quienes hayan sustituido a un juez por vía de carrera judicial, serán parte de la boleta de manera automática siempre y cuando tenga más de 6 meses al momento de la elección.
5.- Todos los candidatos exceptuando los candidatos al Órgano de Administración deberán presentar el examen de “evaluación en la materia” y obtener una calificación.
6.- El Poder Legislativo ordenará la lista de Candidatos de la siguiente manera:
a) Por grupo de vacantes: Magistrados al TSJ, Magistrados al Tribunal de Disciplina y Jueces.
b) Por cada grupo primero irán los candidatos comunes presentados por los 3 Poderes.
c) Después irán los candidatos en función a la calificación obtenida en el examen de “evaluación en la materia”, en caso de empate, irán primero quienes tengan candidaturas comunes de 2 Poderes.
d) En la boleta de selección se especificará la cantidad de vacantes por cada grupo. Por Ejemplo; Magistrados al TSJ (2 vacantes), en este caso el ciudadano votará por 2 personas.
e) Serán elegidos los candidatos con mayor puntuación conforme al número de vacantes disponibles.
7.- El Órgano de Administración será designado de manera directa por los 3 Poderes. El Ejecutivo designará a 1, el Legislativo a 1 y el Judicial a 3.
8.- Impedimentos para ser candidato:
a) Cinco años de no haber ocupado cargo público para Magistrados al Tribunal de Disciplina, 3 años para Magistrados del TSJ y 1 año para Jueces.
b) Violencia de Género
c) Ley 3 de 3
9.- Requisitos Mínimos:
a) Para Magistrados TSJ y Tribunal de Disciplina; 35 años de edad y 10 años de ejercicio profesional o académico.
b) Para Jueces; 30 años de edad y 5 años de ejercicio profesional o académico.
10.- La Presidencia del TSJ será por 3 años y se elegirá por mayoría de votos de los Magistrados, procurando alternancia de género.
11.- La duración será de 9 años con posibilidad de reelección, la reelección NO causa inamovilidad.
12.- Destituciones. Magistrados TSJ y TD solo por juicio político, Jueces vía Tribunal de Disciplina.
OBLIGADOS A LEGISLAR: GASPAR
Sobre el tema, el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal, dijo que podrán estar de acuerdo o no con la elección de jueces, pero por mandato Constitucional tiene que legislar en la materia para reformar el Poder Judicial.
Al discutirse esa propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso yucateco, el legislador manifestó que, desde la óptica del PRI, la práctica de elegir por medio del voto popular a los juzgadores está obsoleta desde hace más de 100 años.
Por tal razón, aclaró el dirigente priísta, el Congreso de Yucatán se encuentra obligado a recoger cuando menos las bases y principios de la Reforma, pudiendo legislarse en el marco de la libertad configurativa, sin exceder o variar los límites impuestos por la misma, siguiendo los parámetros establecidos.
En ese sentido, recordó que tienen que garantizar la independencia de las personas juzgadoras; establecer las condiciones legales para la elección por voto directo; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial; y que la convocatoria de la elección judicial estatal la realice el Congreso del Estado.
De igual manera, establecer en el marco normativo local que las personas juzgadoras electas durarán nueve años en su encargo y que la renovación de la totalidad de los jueces y magistrados locales deberá concluir en la elección federal ordinaria de 2027, entre otras.
Texto y fotos: Esteban Cruz O.
