Yucatán enfrenta un caso complejo en torno a la custodia y presunta violencia contra una menor de edad, cuya situación ha generado controversia por la posible utilización del aparato judicial en detrimento del interés superior de la niñez.
Mauricio Efraín Estrada Pérez, padre de la menor, denunció públicamente que su hija fue víctima de agresiones graves mientras se encontraba en el domicilio materno. Según su testimonio, la menor le confió los hechos durante un periodo vacacional, lo que lo llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con presencia de la niña y conforme a protocolo.
Posteriormente, y tras una serie de diligencias judiciales y médicas realizadas por personal del Centro de Justicia para las Mujeres, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodenai), y psicólogos especializados, se determinó otorgarle a él la custodia provisional, con base en una orden judicial federal y otra del ámbito familiar.
Estrada Pérez asegura que su hija fue escuchada por distintas autoridades, incluyendo una jueza familiar, fiscales, psicólogos del Poder Judicial y peritos con certificación nacional e internacional, en donde habría reiterado de forma consistente los hechos de violencia. A pesar de ello, afirma que la carpeta de investigación fue cerrada por instrucción superior dentro de la FGE, sin que se procediera con las acciones penales correspondientes.
De acuerdo con su testimonio, el cierre de la carpeta fue ordenado por un vicefiscal a través de un oficio, lo cual, a su parecer, representa un acto de omisión grave y encubrimiento institucional. También denuncia la activación de una alerta Amber que mantuvo a su hija como presuntamente desaparecida, aun cuando, afirma, se encontraba bajo su cuidado legal y asistía con regularidad a la escuela y a convivencias con su madre en un centro supervisado por autoridades estatales.
Estrada Pérez añade que la fiscalía se ha negado a reconocer los testimonios y peritajes que confirman los dichos de su hija, y que se han promovido múltiples intentos legales por revertir su custodia, incluyendo la solicitud de prisión preventiva en su contra. Asegura que las solicitudes han sido rechazadas por jueces de control al considerar que no representa peligro alguno para la menor o el proceso.
El padre sostiene que ha sido objeto de una campaña de hostigamiento judicial, que incluye citatorios presuntamente fabricados, audiencias aceleradas y recursos institucionales utilizados para debilitar su defensa. Asimismo, denuncia que la madre de la menor habría utilizado su posición como activista social para influir en decisiones dentro del Poder Judicial y Legislativo, con el fin de evitar el avance de las investigaciones.
Finalmente, el caso permanece actualmente bajo litigio y ha sido seguido de cerca por diferentes actores judiciales y sociales, sin que se resuelva.
Texto y foto: Andrea Segura
