En Yucatán, casi la mitad de los niños menores de seis años viven en pobreza, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la violencia; organizaciones civiles alertan sobre la falta de acceso a salud y educación, así como el impacto del maltrato infantil. Exigen políticas públicas que incluyan mayor presupuesto, atención psicológica y leyes más estrictas para proteger a la infancia, señalando que invertir en ella es clave para prevenir problemas sociales futuros
En Yucatán, la población infantil menor de seis años asciende a 212,271 niños y niñas, de los cuales 104 mil son niños y 108,000 son niñas. Sin embargo, la cifra más alarmante es que casi la mitad de esta población vive en condiciones de pobreza, lo que equivale a 100 mil 808 menores en situación de vulnerabilidad. Así lo dieron a conocer diversas asociaciones civiles en rueda de prensa, donde hicieron un llamado urgente a atender la violencia y precariedad que enfrenta la infancia en el estado.
De acuerdo con los colectivos, la pobreza es un factor determinante en la perpetuación de la violencia infantil, ya que genera un entorno de desesperación dentro de las familias, impactando directamente en el bienestar de niñas y niños. La falta de recursos no solo afecta la calidad de vida, sino que también limita el acceso a educación, salud y protección infantil.
Según datos presentados por Joselyne Castrejón, coordinadora regional del Pacto por la Primera Infancia, en Yucatán 7,755 niños y niñas menores de seis años no tienen acceso a servicios de salud, además que 1,200 menores no tienen acceso a la educación inicial, lo que evidencia una crisis en el aprendizaje.
VIOLENCIA INFANTIL: UNA REALIDAD POCO DENUNCIADA
Entre los años 2000 y 2022 se registraron 19 homicidios de menores de seis años en Yucatán. Además, desde 2020 hasta 2023, al menos un niño o niña menor de seis años ha sido reportado como desaparecido o no localizado cada año en el estado.
“Es importante destacar que estas cifras corresponden únicamente a los casos denunciados ante las autoridades y registrados en bases de datos oficiales. Sin embargo, existe una gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar que no se denuncian y permanecen ocultos dentro de los hogares”, señalaron los activistas.
A nivel nacional, cinco de cada diez niños y niñas menores de cinco años son disciplinados con violencia dentro de sus hogares. Aunque en Yucatán no hay una cifra exacta, se presume que la realidad es similar.
“Si bien la violencia en la infancia no se limita únicamente a comunidades en condiciones de pobreza, la vulnerabilidad social y económica aumenta la exposición de la niñez a situaciones de abuso, negligencia y maltrato, especialmente en entornos donde existen factores de riesgo como adicciones y alcoholismo”, explicó Manuel Chan Martín, experto en bienestar infantil.
Las consecuencias de la violencia infantil no solo afectan el presente, sino que se perpetúan a lo largo de la vida, impactando la adolescencia, las relaciones de pareja y la crianza de futuras generaciones.
Las organizaciones enfatizaron que la protección de la primera infancia debe ser una prioridad del gobierno y la sociedad, mediante estrategias que incluyan:
– Mayor presupuesto para la atención infantil.
– Programas de apoyo para madres, padres y cuidadores.
– Profesionales especializados en la atención a víctimas.
“Es fundamental fortalecer las habilidades parentales, promover la crianza positiva y garantizar entornos seguros para la niñez. Lo que no se haga hoy en favor de la niñez, se pagará con creces en el futuro en forma de violencia estructural, delincuencia y problemas de salud mental”, concluyeron.
Peticiones para garantizar los derechos de la infancia en Yucatán
Frente a la preocupante situación de violencia y pobreza infantil en el estado, diversas organizaciones han solicitado al gobierno acciones concretas para fortalecer las políticas de protección y bienestar infantil. Sus demandas incluyen:
FORTALECIMIENTO DE LEYES Y SANCIONES
– Prohibición explícita del castigo físico y psicológico en todos los entornos.
– Sanciones a funcionarios que protejan a agresores por omisión o negligencia.
– Creación de refugios seguros con atención psicológica para niños víctimas de violencia.
EDUCACIÓN PARA PADRES Y CUIDADORES
– Programas de formación en crianza positiva.
– Acceso gratuito a apoyo psicológico para familias vulnerables.
SALUD Y ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
– Capacitación a médicos y docentes para la detección temprana de violencia infantil.
– Servicios de atención psicológica gratuita para niñas, niños y sus familias.
MAYOR PRESUPUESTO PARA PROTECCIÓN INFANTIL
– Creación de un Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.
– Instalación de más centros de atención y prevención de la violencia infantil en comunidades vulnerables.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
– Protocolos de actuación para docentes y personal de salud al detectar signos de maltrato.
– Monitoreo y seguimiento de niños en riesgo para garantizar su protección a largo plazo.
ACCESO A LA JUSTICIA PARA VÍCTIMAS
– Procesos judiciales más ágiles en casos de violencia infantil.
– Protección de la identidad y seguridad de niñas y niños víctimas de violencia.
SEGURIDAD EN ESTANCIAS PROVISIONALES
– Garantizar instalaciones dignas y seguras para menores bajo resguardo del Estado.
– Capacitación del personal a cargo para fomentar un ambiente de confianza y bienestar.
UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN
Las organizaciones que impulsan estas peticiones reiteraron que invertir en la infancia es prevenir problemáticas sociales futuras. Destacaron que la protección de los derechos de niñas y niños no es solo responsabilidad del gobierno, sino un compromiso de toda la sociedad.
Exigieron que estas medidas sean atendidas con la urgencia que la situación demanda, garantizando un entorno seguro, libre de violencia y con acceso pleno a sus derechos.
Texto y fotos: Andrea Segura
