Por Carlos Hornelas
El canciller Ebrard la semana pasada estableció compromisos a nombre del gobierno mexicano en una reunión que es difícil de explicar. Es difícil porque la política exterior tiene que ser ratificada por el Senado de la República y aunque secretario de Estado, no cuenta con esas atribuciones. Difícil porque la migración a través de nuestro país es atribución de la Secretaría de Gobernación comandada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
Y, por si fuera poco, ante la amenaza de los supuestos aranceles que dice Trump querer imponer, existen mecanismos bilaterales en el marco del Tratado de Libre Comercio vigente, a los cuales se podía haber acudido. Si no se siguen los protocolos establecidos y las políticas públicas, la viabilidad y gobernabilidad del Estado pueden comprometerse.
Así ocurrió el fin de semana en la comunidad de la Laguna, en la cual el presidente, en una de sus “consultas a mano alzada” le puso a consideración a los asistentes al mitin, si querían o no la instalación de un Metrobús que conectaría 4 municipios de 2 Estados colindantes de distinta filiación política, a lo que el “respetable público” contestó que “no” y el presidente dio por cancelada la obra. No importando que los diputados locales hayan, en sus atribuciones, destinado recursos para ello, ni importando tampoco que estuviera presente un gobernador involucrado que buscaba esa obra en su Estado. ¿Se ignoran las formas, se desprecia la diferencia, se gobierna con las vísceras?
La generación de políticas públicas que establezcan mecanismos no discrecionales para la actuación del gobernante y le ayuden a dar certeza a las decisiones basadas en el Estado de Derecho es garantía para los gobernados, el mismo sector público y el empresarial.
En un pasado oscuro e innombrable había un partido político que cuando tenía la mayoría en ambas cámaras se dedicaba a ejercer su labor legislativa obedeciendo servilmente al presidente en turno, es decir, a otro poder de la república, y aprobaba todo lo que le enviaban levantando el “dedito”, sin mediar razón alguna.
En esa época, los líderes charros que quedaban al frente de organizaciones que decían defender los intereses de los agremiados, los sindicatos afines del poder, decidían sus acuerdos “a mano alzada”. Así mismo sucedía en algunas ocasiones en las cuales la asamblea de ese partido político, hoy casi extinto, llegaba a “acuerdo de unidad” utilizando la misma fórmula.
El presidente López Obrador, otrora militante priísta hoy utiliza esos mismos métodos contra los cuales luchó ya como opositor del sistema. No debería llamarnos a sorpresa que los haya heredado, aunque ahora les pone el pomposo nombre de “democracia participativa”.
El martes, por ejemplo, aún sin el Manifiesto de Impacto Ambiental, se anunció que el Tren Maya cambiará su ruta original con el argumento de economizar 5 mil millones de pesos. Esto da lugar a algunas interrogantes ¿Se consultó sobre este cambio a las comunidades donde ahora pasará el tren? ¿El cambio se debe a que sale más barato o beneficia a más personas?, ¿quién y qué instrumento determina que así es? Si como se dice se licitará por tramos, ¿habrá más cambios?, ¿de qué dependen, de los estudios que todavía no se tienen?
Si se llegara a consultar, por ejemplo, alguna de sus obras emblemáticas y la voluntad popular de la “mano alzada” no le favoreciera, ¿aceptaría el resultado adverso? O simplemente nos diría: “Lo que diga mi dedito”.
