Texto y Fotos: Agencias
ENRIQUE GUERRERO AVIÑA, activista social y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad de México el 17 de mayo de 2013 cuando, de repente, una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó a dispararle. Guerrero esquivó la emboscada pero se desencadenó una persecución y los disparos siguieron hasta que fue capturado por hombres vestidos de civil que dijeron ser policías pero no se identificaron.
Según consta en un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el activista fue trasladado a un sitio desconocido en el que fue torturado con golpes, asfixia y amenazas contra su familia durante 30 horas antes de ser presentado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que terminarían acusándolo por delincuencia organizada y secuestro junto con otras doce personas que también denuncian haber sido torturadas.
“Fue un intento de ejecución extrajudicial. Además fui sometido a una desaparición forzada y torturas. También me fabricaron delitos y enfrento la sinrazón de los tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar sus propios criterios y razones”, explicó Guerrero, de 32 años, durante una conversación telefónica con The New York Times en Español desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva cuatro años encarcelado sin haber sido llevado a juicio.
La historia de Guerrero es uno de los casos analizados en Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, el informe más reciente de Amnistía Internacional. Este documento es otra señal de la grave crisis institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.
En el informe de Amnistía resaltan historias como la de Verónica Razo Casales, quien en junio de 2011 caminaba por una calle cerca de su casa en Ciudad de México, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil que la trasladaron a unas instalaciones de la Policía Federal. Allí permaneció incomunicada durante 24 horas y fue sometida a abusos sexuales y otras formas de tortura hasta que la obligaron a firmar una declaración en la que afirmaba haber participado en un secuestro. A pesar de que su familia denunció ante la PGR los abusos que sufrió, sigue encarcelada y sin sentencia.
“Hay un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, explica Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “La detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la integridad, el debido proceso judicial y luego puede originar violaciones mucho más graves como la tortura o la desaparición forzada”.
La organización realizó este documento entre febrero de 2016 y abril de 2017, a partir de entrevistas con diez organizaciones mexicanas de derechos humanos y seis expertos en seguridad pública, métodos policiales y derecho, además de 25 funcionarios del sistema judicial, en funciones o retirados.
Los testimonios de estos funcionarios, que exigieron el anonimato por temor a represalias, resultan particularmente esclarecedores para entender los vicios del sistema de detenciones del país. “Las flagrancias le sirven al estado, sean legales o no… Hay flagrancias que se crean”, declaró una jueza penal del centro de México. “La tortura sí es sistemática y generalizada en México”, afirmaba un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se detiene más a las personas pobres, a las personas migrantes, a las que están en barrios marginales y, fundamentalmente, a jóvenes”, asegura un secretario de la misma corte.
Este último dato coincide con las estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que los hombres jóvenes (de 18 a 29 años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal”, el 26.47 por ciento del total de las personas sometidas a procesos penales. “Lo que el informe documenta es una práctica institucional de los operadores de justicia que detienen con fines ilegítimos. Las autoridades no salvaguardan la seguridad ni la integridad personal. La policía inicia un proceso de criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en una falsa igualdad”, explicó Reneaum Panszi.
En este sentido, ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este tipo de prácticas, como revela el caso de José Adrián, un joven maya de 14 años que tiene dificultades auditivas y fue detenido en febrero de 2016.
