Cuando los residentes de Durango voten en las primeras elecciones judiciales de México, Leopoldo Chávez estará en la papeleta para juez federal pese a los casi seis años que cumplió en una prisión de Estados Unidos.
Chávez fue condenado por contrabando de cuatro kilogramos de metanfetaminas en 2015. Mientras que Jalisco, Francisco Hernández se presenta como candidato a magistrado penal a pesar que fue investigado por abuso sexual y corrupción.
En Nuevo León, Fernando Escamilla espera convertirse en juez federal penal y dice que el trabajo legal que hizo asesorando a abogados de miembros del ultraviolento cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra.
A poco más de una semana de la votación, la organización defensora de los derechos de los mexicanos Defensorxs afirma haber identificado a una veintena de personas que compiten por cargos con antecedentes penales, acusaciones de corrupción o vínculos pasados con cárteles, incluyendo una abogada que representó al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El presidente de Defensorxs, Miguel Meza, dijo que los candidatos que su organización había señalado revelaban graves faltas en el sistema de investigación de antecedentes del Gobierno, que estaba destinado a verificar los criterios de elegibilidad, incluyendo: Ciudadanía mexicana por nacimiento, licenciatura en Derecho, “buena reputación” y un historial limpio de delitos graves.
Texto y foto: Agencias
