Un nutrido grupo de periodistas de Yucatán se dio cita ayer por la tarde en el Congreso del Estado para hacer propuestas y hacerse escuchar sobre los problemas legales que enfrentan en el ejercicio de su labor.
Y es que Yucatán es uno de los pocos estados de todo México que todavía sanciona el delito de Honor en el Código Penal.
Por todo lo anterior, periodistas y medios de comunicación de Yucatán, así como asociaciones civiles defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, solicitaron a las diputadas y diputados estatales de todas las bancadas legislativas que impulsen iniciativas que deroguen el delito de difamación del Código Penal local, en concreto los artículos 295, 296, 297 y 298.
Hay que decir que los diputados han recibido, por lo menos, tres solicitudes por parte de diferentes comunicadores sobre este y otros temas, pero, a juzgar por lo que se dijo, la urgencia es quitar del Código Penal el delito de difamación, que permite a políticos, sí, a políticos y otros personajes amenazar y llevar ante los jueces a los periodistas que les parecen incómodos.
Ejemplos hay varios, pero los inmediatos tienen que ver con denuncias penales que han sufrido en los últimos días Eduardo Lliteras Sentíes, de Infolliteras.com y Jaime Vargas Chablé, de El Tizón.mx, quienes fueron demandados por la vía penal y civil hasta por 500 mil pesos por daño moral por un licenciado ligado al acaparamiento de tierras.
Esos ejemplos han encendido la luz roja entre los comunicadores yucatecos, pues es un claro ejemplo de los riesgos que viven día a día en búsqueda de la noticia que usted podrá leer en los diferentes espacios de comunicación, incluido este periódico. Estaremos pendientes para informar de todo lo relacionado a esta lucha de los periodistas locales.
