Con el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al frenar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), éste debería cambiar a su asesor legal.
El Presidente quiso ser el “Chapulín Colorado”, con “todos sus movimientos friamente calculados” y tener una nueva policía nacional administrada por los “empoderados” militares, a los que el mismo López Obrador puso a administrar aeropuertos, secretarías, aduanas, y ¿por qué no?, próximamente hoteles y aerolíneas.
La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó al Gobierno federal, al señalar que esta injerencia es indebida.
La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que el mandato del artículo 21 constitucional es claro al señalar en su párrafo décimo que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Según la organización Human Rights Watch, “las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad”.
Como ejemplo está el ataque que sufrió una familia de 86 disparos por parte de la Guardia Nacional cuando viajaba en una camioneta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y donde fallecieron tres personas, entre ellas una joven embarazada.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, explicó en rueda de prensa a las afueras de la oficina de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) en esa ciudad fronteriza, que se trató de una ejecución extrajudicial, por la que piden justicia a nombre de las víctimas.
