Editorial de Peninsular Punto Medio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en su última batalla en contra de la elección de las personas juzgadoras, el 1 de junio próximo.

Resulta que la Corte decidió aceptar a trámite la solicitud del Comité de Evaluación del Poder Judicial contra la orden del TEPJF, en la que se ordena reactivar el proceso rumbo a las elecciones 2025 al Poder Judicial.

Todo ello con el argumento que tiene dos órdenes que se contraponen y ambas son legales. Es decir, el Comité de Evaluación considera que la decisión de dos jueces de aceptar juicios de amparo en contra del proceso es legal.

No saben, pues, cuál de las dos órdenes deben acatar, por lo que llevaron su diferendo al máximo tribunal, por lo que ahora todos los mexicanos estamos a la espera del proyecto de dictamen que elaborará el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Sobre este tema, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a insistir que el objetivo de la Corte es torpedear el proceso de evaluación, primero, y de elección, después, de las personas juzgadoras, como son los jueces, magistrados y ministros.

El senador insiste que la elección del 1 de junio nadie la detiene, pues los jueces que han detenido el proceso no tienen facultad, tal como ya lo dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia en la materia electoral.

Cabe resaltar que ante la suspensión del proceso de evaluación de las elecciones 2025 al Poder Judicial, la ministra Norma Piña concedió una medida cautelar a favor del comité, por lo que sus integrantes están libres de multas o delitos.

Lo dicho, se trata de la última batalla de la Corte, aunque la misma parece perdida.