Por mayoría, el Congreso del Estado aprueba la independencia de esa institución; asimismo, se garantiza de que no se reducirá el presupuesto para la seguridad y de que todos los municipios cuenten con instancias para las mujeres
Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó ayer el paquete de iniciativas enviadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, a fin de garantizar el crecimiento de la entidad, preservar la paz y tranquilidad que caracterizan al territorio, por lo que se dotó de completa autonomía a la Fiscalía General y su titular podrá permanecer en el cargo 12 años.
Asimismo, se dio luz verde a la creación de una nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán, con la finalidad de combatir el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
A pesar del voto en contra de la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con esta aprobación las y los legisladores garantizan la autonomía de la Fiscalía General del Estado y el regreso de los agentes de la Policía Investigadora a ser parte de este organismo, y también se dará garantía de que no se reducirá el presupuesto para la seguridad y de que todos los municipios cuenten con instancias para las mujeres, siendo sólo algunas de las propuestas aprobadas.
Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Víctor Hugo Lozano Poveda, declaró que, al aprobarse esta iniciativa, Yucatán nuevamente se posiciona a la vanguardia a nivel nacional en materia de justicia, demostrando una vez más el trabajo que realiza la actual Legislatura.
“Ponemos a Yucatán a la vanguardia con los instrumentos jurídicos que está solicitando nuestra sociedad, porque muchas cámaras, muchos colegios de profesionales, es decir, la sociedad civil se ha pronunciado a favor de esta figura que le da plena autonomía a la Fiscalía”, subrayó.
A pesar de que esta iniciativa impulsa que la FGE pueda ser más transparente e independiente de cualquier gobierno, ya que actualmente depende del Poder Ejecutivo, la bancada de Morena votó en contra de la propuesta y justificaron que fue por el desacuerdo en la duración de la titularidad del nuevo fiscal, que será por 12 años.
“Esto es una intencionalidad de blindaje transexenal desde las instituciones del estado para el gobierno en turno”, señaló la diputada Alejandra Novelo Segura.
De igual manera los integrantes de su bancada Jazmín Villanueva Moo y Rafael Echazarreta Torres cuestionaron la rapidez con la que se realizó el análisis del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo, a las cuales, consideraron, se les debió dar más tiempo para hacer un análisis a mayor profundidad.
Por su parte, la diputada Carmen González Martín (PAN) coincidió en que, al aprobarse el dictamen, se atiende una solicitud realizada por la sociedad civil, en el sentido de que se necesitaba contar con una Fiscalía autónoma que tenga sus propias características y actúe conforme a Derecho corresponde.
A su vez, el diputado Gaspar Quintal Parra (PRI) reconoció el diálogo y la disposición de las y los diputados de la citada Comisión, así como la inclusión de las aportaciones impulsadas por parte del tricolor para beneficiar, en gran medida, la inserción laboral de personas con discapacidad y jóvenes al proyecto de decreto.
“Con la aprobación de estas propuestas, la Fiscalía contratará a personas con discapacidad, así como a los jóvenes que se insertan por primera vez en el ámbito laboral, generando así oportunidades de trabajo e incentivando la inclusión en dicho Organismo Constitucional Autónomo”, subrayó.
Se explicó en la iniciativa que con esta aprobación se modificará la Constitución Política estatal en materia de autonomía, al blindar de los vaivenes políticos, al fortalecer su independencia y permitiendo que cumpla funciones vitales como son la investigación y persecución de los delitos. La institución consolidará su autonomía jurídica, patrimonial, técnica, operativa y presupuestal. Las adecuaciones abonarán a la eficiencia fomentando un sistema de procuración de justicia garantista en Yucatán combatiendo, de esta manera, la impunidad.
Otro de los aspectos aprobados es la irreductibilidad del presupuesto para la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la Seguridad Pública en el Estado de Yucatán, que no podrá ser menor al del año anterior y que deberá incrementarse conforme a la inflación. También contempla la posibilidad de que los organismos autónomos presenten iniciativas de ley ante el Congreso por temas referentes a sus funciones.
Por otro lado, para garantizar que en Yucatán siga el combate a las violencias hacia las mujeres y que la protección de sus derechos sea de los ejes primarios en la agenda del Gobernador, se aprobó la iniciativa para expedir la Ley que Regula a las Instancias Municipales de las Mujeres, así como modificar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Este proyecto de ley establece que los ayuntamientos deberán contar con instancias municipales de las mujeres y así combatir la desventaja que tienen respecto a los hombres por la falta de oportunidades y discriminación, pero también por la generación de estereotipos con los que es necesario romper, mediante los cuales se asignan roles de género que merman la justicia social.
Con esta aprobación se reformará la ley para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita creando la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado para sumar al combate a la corrupción y las operaciones realizadas con recursos ilícitos, premisa bajo la que trabaja Vila Dosal.
De acuerdo con esta iniciativa, se contempla que este nuevo organismo público y autónomo funcione para la detección de operaciones de lavado de dinero a través de la obtención, tratamiento, análisis y administración de la información fiscal, económica, financiera y patrimonial.
También se aprobó modificar el Código de la Administración Pública de Yucatán sobre los organismos públicos descentralizados con el objeto de eliminar el requisito de “mexicano por nacimiento” para los titulares de los organismos públicos descentralizados, ya que se considera una distinción discriminatoria para el acceso a esos puestos públicos.
Texto y fotos: Andrea Segura
