El gobierno intenta a toda costa disfrazar su responsabilidad en materia de derechos humanos y pretende con la ley de seguridad interior imponer un estado semi totalitario, aseguró el especialista Ricardo Ortega Soriano, abogado y activista de Derechos Humanos.
Señaló que el gobierno apunta a retroceder en su responsabilidad por proteger a la sociedad en esta materia.
Ortega Soriano, presentó la ponencia “De la crisis de seguridad, a la crisis de Derechos Humanos”, en el marco de las Primeras Jornadas de Derecho Penal y Política Criminal, que realiza la Faculta de Derecho de la Uady. Ahí el especialista destacó que “México vive una crisis de seguridad y derechos humanos y en el Congreso de la Unión hay una fiebre esquizofrénica por aprobar leyes contradictorias”.
Ortega Soriano, especialista y litigante, sostuvo que “los legisladores mexicanos han aprobado leyes que obligan al retroceso de los derechos humanos y vulneran a la sociedad estableciendo y enmascarando un proceso de militarizar las condiciones, que afectarán a todos los ciudadanos”.
La crisis de seguridad que vive México, recalcó, ha ocasionado que unas 28 mil personas estén en calidad de desaparecidas, unas 550 mil han sido desplazadas o han emigrado de sus ciudades y casas por los altos índices de criminalidad que crece, pues ya se cumplen 12 años de una lucha contra el narcotráfico que ha derrotado al estado.
El ponente, resaltó que, en este momento, se busca aprobar una ley de seguridad interior, cuando la justicia no ha tenido la capacidad de responder por las acciones de seguridad de la población y donde los derechos humanos son violentados por el propio estado, ya sea a través del abuso de la fuerza por parte de los militares o las agresiones que mantienen los organismos judiciales y policiales.
Repuso que, la aprobación de una ley de seguridad interior estaría enmascarando una acción militar que buscaría un estado de excepción, por lo que la sociedad ha llamado al gobierno a deponer sus acciones y exigir la responsabilidad constitucional para no entregar más poder a las fuerzas armadas.
El jurista exigió establecer un marco de derecho apegado a los derechos humanos, ya que dijo México ha firmado tratados internacionales y la imposición de acciones y medidas de orden legal, tal y como las pretenden establecer, estarían reduciendo el marco de las libertades de los ciudadanos, alertó.
Dijo que muchos de los problemas están en los vicios judiciales, en la falta de una total acción de la justicia en proceso de los juicios orales, donde no hay el debido seguimiento al proceso y los elementos judiciales no tienen una guía o marco normativo para aplicar el seguimiento de su trabajo de investigación y exigencia de protección de los presuntos delincuentes.
Ortega Soriano, repuso que, los intentos de la sociedad civil por establecer acciones de responsabilidad y dar seguimiento a los debidos procesos han permitido visibilizar este problema que estaría afectando al marco normativo, que aplicaría a establecer más acciones punitivas por parte del estado y una sustantiva reducción de los derechos de los mexicanos, dijo.
– José Cortazar