Las oficinas de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Cancún, fueron tomadas simbólicamente por integrantes de Greenpeace México para exigir el freno a las autorizaciones ambientales otorgadas a bancos de material en la Península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo.
La mañana de ayer las y los activistas escalaron las instalaciones de la Secretaría, en la zona turística de este centro vacacional, y vaciaron un volquete con material a las puertas del edificio, para denunciar la creciente devastación de la selva, para explotar bancos de material pétreo como lo hizo Calica en la Riviera Maya.
Calica, hoy Sactun, es la filial mexicana de la empresa Vulcan Materials, que durante más de tres décadas explotó más de 2 mil hectáreas de selva en Playa del Carmen.
Durante el mandato del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno encabezó una cruzada contra la empresa, en parte, para desviar la atención de las violaciones al marco legal ambiental mexicano cometidas por su administración para sacar adelante el Tren Maya, en esta región.
Aunque en 2024 el sitio fue clausurado y decretado como Área Natural Protegida, bajo el argumento de los impactos ambientales provocados por el modelo extractivista de Vulcan, Greenpeace-México advirtió que esa devastación no ha sido detenido, ya que Semarnat continúa emitiendo permisos de impacto ambiental que reproducen y amplían esa misma lógica extractiva.
Uno de los casos señalados fue el de la empresa Cemex, transnacional mexicana que, de acuerdo con Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva”, obtuvo meses atrás la autorización para deforestar 4.5 kilómetros cuadrados, equivalentes a 650 hectáreas de selva virgen en las cercanías de Tulum.
“Esa superficie representa más de la mitad de lo que fue afectado en el caso original de Cálica”, subrayó.
Samayoa también denunció que empresas como Tren Maya S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están abriendo decenas de bancos de material pétreo, conocidos localmente como sascaberas, para la construcción del megaproyecto ferroviario.
Tan solo en lo que va de 2025, señalaron, Semarnat ha publicado en su Gaceta Ecológica al menos 30 autorizaciones de este tipo, de las cuales 26 estarían vinculadas con Sedena y la obra del Tren Maya.
De acuerdo con la organización, “el modelo Cálica” ya ha sido replicado en otros puntos de la Península, con un saldo de casi 10 mil hectáreas de selva taladas y dinamitadas, sin contar la superficie afectada directamente por el trazo ferroviario, las megagranjas, la agricultura industrial o los desarrollos inmobiliarios.
Texto y foto: Agencias
