Unas 300 familias indígenas tzotziles, víctimas de desplazamiento forzado en 2017, se manifestaron ayer en la comunidad Tulantic, municipio de Chalchihuitán, Chiapas, para exigir que el Gobierno cumpla una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se apliquen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras 6 años del desplazamiento forzado interno de Chalchihuitán, las víctimas denunciaron que las más de 5,000 personas que huyeron del ataque de un grupo civil paramilitar aún no tienen justicia y son ignoradas por los gobiernos municipal, estatal y federal. El defensor de derechos humanos y víctima de desplazamiento forzado, Roberto Guirón Pérez, señaló a EFE que “ante esas recomendaciones el Gobierno mexicano se ha negado a todo lo que tenemos demandado, no ha dado nada, no nos ha dado la atención humanitaria, tenemos varias demandas en esa recomendación, por eso a seis años de los hechos le exigimos al Gobierno que cumpla”.
Recordó que el 18 de octubre de 2017, eran 5,023 personas las desplazadas, proveniente de 9 comunidades, pero el 2 de enero 2018 unas 4,000 personas fueron obligadas a retornar sin condiciones de seguridad y garantía alguna por parte del expresidente municipal y exgobernador Manuel Velasco, expresó el vocero de los desplazados, que prefirió omitir su nombre por seguridad.
El vocero explicó que por lo menos 1,054 personas se resistieron a ese retorno ya que ni la autoridad municipal, ni la estatal tomaron sus datos para establecer un censo, como corresponde “y tampoco nos proporcionó las gargantas de seguridad”.
Texto y foto:Efe
