La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabg) lleva a cabo una investigación administrativa para determinar si algún funcionario público, empresa o proveedor incurrió en omisiones que pudieron haber generado el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el siniestro ocurrido el 28 de diciembre y que dejó 14 pasajeros sin vida.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó a medios que el análisis se centra en la revisión exhaustiva de procesos, con el objetivo de identificar posibles fallas en la ejecución de funciones públicas o contractuales relacionadas con la operación del proyecto ferroviario.
“Lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso, por parte de un servidor público o de una empresa o proveedor, que haya provocado o sido omiso en realizar correctamente sus funciones”, señaló la secretaria ante medios de comunicación.
Buenrostro explicó que, conforme a la ley, la Sabg realiza auditorías anuales a todas las dependencias y entidades del Gobierno federal, y precisó que el Tren Interoceánico ya había sido auditado en ejercicios anteriores. No obstante, tras el accidente, la dependencia decidió incrementar el nivel de escrutinio.
Texto y foto: EFE
