MANUEL TRIAY PENICHE
¿Fuego amigo tras el escudo?
En el juicio oral con motivo del homicidio del doctor Felipe Triay Peniche los jueces del Tribunal encargado del caso desecharon decenas de pruebas físicas, científicas y testimoniales, bien por fallas en la integración de la carpeta de investigación, que atribuye a la Fiscalía General del Estado, o bien por lógica, una lógica que a nuestro juicio no soporta el más mínimo análisis.
Aceptamos, sin conceder, las citadas fallas técnicas de la Fiscalía y que en verdad se haya aplicado la ley, pero rechazamos rotundamente que los juzgadores hayan cumplido con su papel de impartir justicia.
Y Juzgue usted: La Fiscalía realizó un cateo en el departamento donde se dio muerte al doctor Triay Peniche, del que obtuvo numerosas muestras hemáticas, una sierra con la que se cercenó el cuerpo, que incluía residuos físicos; la cinta que se utilizó para el embalaje de la caja en que fueron depositados los despojos, la mitad de un cinturón que se completaba con un trozo hallado junto con el cuerpo, una nota de compra que ampara todo lo requerido para la limpieza de aquella carnicería, huellas digitales tanto del condenado Pablo Santos García como del liberado Enrique Lara González, de éste último en una caja y en una botella, etc., etc.
Todas esas pruebas avaladas por peritos de diferentes especialidades, cientos de fotografías tomadas en el lugar y durante los peritajes, testimonios de personas que hicieron la limpieza y dieron fe de todo cuanto presenciaron en el lugar, etc., etc… y, aunque usted no lo crea, nada de esto fue tomado en cuenta por nuestros solones del patio, encargados de impartir justicia en el estado.
¿Y sabe usted por qué? Porque la Fiscalía cometió el “error” de no contar con dos testigos a la hora que se efectuó el cateo. Así lo dijo el Tribunal, aunque el informe del cateo asienta que sí hubo testigos, sí existieron y sí suscribieron el documento de referencia.
¿Entonces? Según los citados juzgadores esos testigos permanecieron afuera del departamento, no anduvieron detrás de cada uno de los representantes de la Fiscalía que hicieron los levantamientos de cada una de las pruebas, ni detrás de cada uno de los peritos, ni detrás de cada uno de los fotógrafos.
Ya la Fiscalía se encargará de aclarar el aspecto legal de esa resolución o su interpretación jurídica, porque está obligada a hacerlo, y quizá también saldrá a la palestra la licenciada Celia Rivas, debería de hacerlo, para defender esa diligencia porque como Fiscal del Estado fue la responsable. Esto nos deja una duda sí, sobre si los jueces aplicaron la ley o la tergiversaron por aviesos intereses.
Y acudiendo a la lógica que los jueces esgrimieron en varias ocasiones durante los porqués de su actuación, y de la que nos ocuparemos en próxima entrega, nos queda el sentimiento de que el Tribunal vulneró el espíritu del Derecho porque prevaleció lo legal sobre lo justo, ya que conocieron ese rosario de pruebas contundentes, porque no fueron refutadas durante el juicio, pero no las tomaron en cuenta por un tecnicismo legal.
Así, una a una, desecharon los integrantes del Tribunal de marras las principales pruebas que señalan la coautoría de Enrique Lara y, en la explicación de sus porqués, que llenó una audiencia de cinco horas, fueron paso a paso restregándole a la Fiscalía su trabajo mal hecho, deficiente e infantil, con tal ímpetu que se antojaba un doble propósito: salvar de la cárcel a un asesino y enviar un mensaje a quien quiera o deba escucharlo: aquí mando yo.
En tanto, continúa en aumento el número de absoluciones en los juicios orales impartidos en el estado, que ya son más del 23 por ciento, y de los que aproximadamente un 30 por ciento son presuntos asesinos que andan sueltos, como Enrique Lara, tal vez por una duda o como consecuencia de un fuego amigo, mas no sé si razonable. (Continuará)
