Los acuerdos que se han alcanzado varios ex regidores del Cabildo de Progreso, que fueron acusados ante la Fiscalía Anticorrupción, para librar la cárcel son legales, pues están apegados a derechos, aseguró el diputado local Erick Rihani González, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción.
“Creo que es un procedimiento que se hizo de acuerdo a las leyes que están vigentes, si se apegan a un procedimiento y los jueces los aprueban, significan que están en su derecho y que son legales. Hay instituciones competentes para cada caso y hay que respetar su trabajo”, indicó.
Lo que hay que destacar, señaló Rihani González es que se trata de un hecho inédito en el que un Cabildo en completo es llevado ante la justicia por actos posiblemente de cohecho.
“Es el primer caso en el cual un municipio da seguimiento de mal manejos por parte de regidores y alcaldes, aunque tras lo anunciado por el Poder Judicial, no significa que ya se cerró el caso y sólo está en suspensión, por lo que en caso que no se cumplan con las reglas que se aceptaron, en caso que no, se van a reactivar los procesos, por lo que hay que decir que no hay impunidad”, afirmó.
El fin de semana pasado se informó de un acuerdo por el que el ex alcalde y todo su Cabildo del periodo 2015-2018, por el que se suspendió el proceso penal, ya que dos imputados que solicitaron este recurso, se comprometieron a residir en un domicilio determinado, prestar servicio social y un plan de reparación de daño en beneficio de instituciones del Estado, así como someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Si los imputados cumplen con estas condiciones durante seis meses se dará la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del proceso.
En este caso no hubo oposición fundada de la víctima ni de la Fiscalía para la celebración de la Suspensión Condicional, por lo que la juzgadora procedió a aprobarla.
Los hechos imputados por la Fiscalía Estatal en este caso fueron los siguientes:
“Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.
De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
