incumplir un contrato por el arrendamiento de 545 ambulancias a la Institución
Los casos de corrupción en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) siguen brotando en áreas de primera importancia para la atención de pacientes, de por sí enfrentados a la precariedad de servicios.
Más allá de la promesa presidencial por gozar de un sistema de salud como el de Dinamarca, los ámbitos indispensables, en este caso para la institución responsable de la atención a la salud de la burocracia, se han visto perjudicados por actos de corrupción que, cometidos en la actual administración, dejaron sin servicio de rayos X y otros estudios, a las clínicas y hospitales del Issste.
Ahora, un nuevo caso se substancia en instancias de auditoría en relación con las ambulancias que arrenda el organismo.
Apenas el 15 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación por 45 meses a Casanova Vallejo, parte del grupo empresarial Casanova Rent, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova.
El motivo de la inhabilitación fue el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato AD-CS-DNAF-SRMS-024/2022 que firmó con el Issste.
Dicho contrato fue producto de una adjudicación directa con la que el Instituto arrendó 545 ambulancias, del 1 de enero al 30 de junio de 2022, por más de 113 millones de pesos. Sin embargo, no fue el único, a ese contrato le sucedió el identificado con el número 2836620, también asignado de manera directa, con vigencia del 5 de agosto al 31 de diciembre, por el mismo número de ambulancias y cuyo valor ascendió a 90 millones 711 mil pesos.
La historia de Casanova con el Issste ha estado llena de claroscuros. Al menos desde 2012 le ha rentado autos al organismo. Según los registros, ese año le adjudicó un contrato por 179 millones de pesos. Luego hubo asignaciones en 2015, 2016, 2019, 2020 y 2022. En suma, 11 contratos, nueve de ellos a través de asignaciones directas, para acumular un total de mil 783 millones de pesos netos.
El jaloneo entre la empresa y la actual administración inició luego de la mencionada inhabilitación dictada en septiembre. Casanova interpuso un recurso de revisión ante el Órgano Interno de Control (OIC), en el que se le negó la suspensión; sin embargo, posteriormente se desistió del recurso y recurrió a interponer un juicio de amparo.
El 7 de noviembre, la SFP mediante el OIC, rindió informe justificado en el juicio de amparo, en el que defendió la constitucionalidad y legalidad de la resolución sancionadora, no obstante, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la CdMx le otorgó la suspensión definitiva.
Texto y foto: Agencias
