Carlos Hornelas
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El viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina declaró la inutilidad del Inai, el organismo garante de transparencia en nuestro país. Como se sabe, actualmente está imposibilitado de sesionar debido a la falta de nombramiento de dos comisionados que fueron vetados por el titular del ejecutivo.
El Senado de la República tiene como fecha límite el último día del mes para dar su aprobación a nuevos candidatos que se integren al pleno de dicha institución. De otra manera, y a menos que se incluya como uno de los pendientes a discutir en la Comisión permanente, el proceso tendría lugar hasta septiembre con el reinicio de sesiones ordinarias del Congreso.
El Inai funge como instancia a la cual puede acudir cualquier ciudadano para impugnar las negativas por parte del Estado a solicitudes de información que obran en su poder. Es decir, es el órgano garante de transparencia al cual se le puede solicitar que intervenga cuando cualquier organismo que reciba recursos públicos sea consultado respecto de la información que retenga.
Los ciudadanos que en su legítimo derecho acudan a su defensa al Inai, quedarán imposibilitados de obtener la información que requieren hasta el nombramiento de los comisionados.
Si verdaderamente el titular del ejecutivo se preocupara por el derecho a la información, impulsaría a través de su partido, quien tiene mayoría, la celeridad para atender a esta situación y los instaría para el nombramiento. No obstante, esto está muy lejos de ocurrir. Todo lo contrario. El viernes pasado en opinión del presidente dicha institución “no sirve para nada”.
Para que el Estado tenga que proporcionar la información al ciudadano es necesario contar con el voto mayoritario de los comisionados, quienes analizan cada recurso y en su caso pueden o no aprobar dicha resolución. Si AMLO fuera el demócrata que dice ser y si tuviera la seguridad que las negativas de información que el gobierno a su cargo brinda a los ciudadanos casi sistemáticamente, son razonables, podría descansar en que el juicio de la mayoría de los comisionados desestimaría las solicitudes improcedentes, anteponiendo la seguridad nacional y la gobernabilidad.
No obstante, ha optado, no por matar al instituto, sino por no dejarlo vivir, que no es lo mismo.
Su desdén, además, tiene cámara de eco en sus correligionarios pues se convierte en un incentivo para quienes, a cargo de la administración estatal ahora, con todo el espaldarazo del presidente, optan por no entregar la información que requieren los ciudadanos, habida cuenta que tampoco hay quien los obligue ni consecuencias para su desprecio hacia los ciudadanos.
Si seguimos con esta retahíla, el escenario se puede complicar y dar paso a uno peor, en el cual los actos de autoridad devengan en corrupción que no puede ser evidenciada ni advertida por otros órganos del Estado.
En una república en la cual debe haber pesos y contrapesos y cada uno de los poderes debe equilibrar a los otros y ser sus vigilantes para evitar sus excesos, esta situación lo único que propicia es un autoritarismo despótico por parte del titular del ejecutivo y de los funcionarios de su gobierno.
Es un completo despropósito que aquel que estableció como programa de su gobierno la erradicación de la corrupción, le quite de facto a los ciudadanos el derecho para conocer el estado del Estado. Recordemos que las grandes piezas periodísticas que cimbraron el sexenio de Peña Nieto como Odebrecht, Ayotzinapa o la Casa Blanca solo pudieron ser posibles por resoluciones del Inai.
