Salvador Castell-González
El Senado de la República recibió una iniciativa de ley que propone cambios significativos en la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad en México. Impulsada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y un grupo de senadores, la propuesta plantea la creación de una Ley General de Biodiversidad, un marco jurídico integral que busca abarcar la protección de genes, especies y ecosistemas.
La nueva ley sustituiría a la Ley General de Vida Silvestre, integrando, actualizando y ampliando muchos de sus preceptos, pero con un enfoque más amplio en la biodiversidad. Se mantienen, por ejemplo, las prohibiciones sobre el uso de ejemplares de vida silvestre en circos y se amplían las restricciones a la importación y exportación de especies como los primates. La iniciativa también reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa) buscando armonizar ambos marcos legales. Sin embargo, esto podría generar conflictos de competencias, por ejemplo, en la gestión de áreas naturales protegidas, y algunos expertos sugieren que una fusión con la Lgeepa sería más eficiente.
La propuesta se alinea con compromisos internacionales de México como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial Kunming-Montreal. Destaca su enfoque holístico, que considera los tres niveles de la biodiversidad: genética, de especies y de ecosistemas, reconociendo su interrelación e importancia para la resiliencia de los ecosistemas. También se promueve el aprovechamiento sustentable, el fomento de mercados verdes locales como una posible fuente de desarrollo económico.
También propone la creación de un Consejo Consultivo Nacional con representación de diversos sectores, incluyendo la academia, las comunidades indígenas, el sector privado, y los comités regionales de biodiversidad. Adicionalmente, se propone la creación de comités locales y regionales.
No obstante, la iniciativa enfrenta desafíos importantes como el financiamiento adecuado, ya que la ley no detalla mecanismos concretos más allá de la reorientación de subsidios dañinos. También se exhorta a las autoridades a fortalecer las instituciones para la efectiva vigilancia del cumplimiento de la ley y aplicar las sanciones, así como la influencia real del Consejo Consultivo en la política de biodiversidad.
La propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras organizaciones ambientalistas la consideran un avance significativo, algunos sectores económicos se muestran preocupados por las posibles restricciones a sus actividades. Las comunidades indígenas, por su lado, exigen una consulta amplia para garantizar que la ley respete sus derechos y conocimientos.
El Senado analizará la propuesta en las próximas semanas. Su aprobación representaría un hito para la conservación en México, impulsando al país como líder en la protección de su biodiversidad. Esta ley es un primer e importante paso hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
