CARLOS HORNELAS
Profesor, periodista y analista
El 3 de mayo se conmemora el día internacional de la libertad de prensa, desde 1993. ¿Cómo andamos en esa materia en México? De acuerdo con la organización Article 19, desde el año 2000 se contabilizan 157 periodistas muertos y 28 desaparecidos, 63 de ellos durante la presidencia de López Obrador. Simplemente el año pasado se acumularon 22 casos.
Independientemente del discurso oficial, los autores intelectuales de los asesinatos no han sido capturados, aunque se cuente ya con algunos asesinos materiales. Curiosamente, aunque los recursos del mecanismo de protección a los periodistas han aumentado, llama la atención las muertes de algunos periodistas que vivieron hasta sus últimos momentos en la custodia de este organismo del Estado.
Mientras el resto del mundo se escandaliza por el espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos en México, el presidente acepta que las herramientas para hacerlo posible han sido adquiridas y mantenidas por el Estado a su cargo y usa- das por la Secretaría de Defensa Nacional, pero, no para espiar, sino como parte de sus labores de “inteligencia”. Aunque en el país se requiera de la orden de un juez para la intervención de las comunicaciones.
Resulta por lo menos contradictorio que quien dice admirar a Julian Assange, periodista y activista, a quien quiere ofrecer asilo en México por sus filtraciones y contribución a la transparencia a nivel mundial, arremeta en contra de Guacamaya Leaks, quienes han demostrado la endeble ciberseguridad del Estado mexicano y han colado documentos para transparentar los lujos del titular de la Defensa, lujos que no los tenía ni Obama.
Asimismo, no se entiende que, quien se dice demócrata haya dado línea (u órdenes) al Senado para desaparecer al Inai, órgano garante de transparencia y del cual se ha expresado que “no sirve para nada y solo simula el combate a la corrupción”. Sin embargo, él mismo, en el pasado a través de su consulta pudo obtener la información sobre los sueldos de los expresidentes. La transparencia en su gobierno no tiene prisa.
Si acaso la prensa tuviera una anexactitud o un yerro, en lugar de utilizar una fuente oficial para canalizar y contextualizar la información y evitar la tergiversación de los hechos, otras naciones le encomiendan dicha tarea a su agencia nacional de noticias, sin embargo, en México ya no hay Notimex. Quien realiza esa tarea es un equipo encabezado por el presidente, que, en un esfuerzo de objetividad, todos los miércoles en su conferencia “mañanera” titula “¿Quién es quién en las mentiras?”, dando como hecho que la información publicada tiene dolo y mala intención. Así estigmatiza a los periodistas y se erige como la única fuente de información válida para su gobierno.
Si efectivamente prosperan las iniciativas enviadas al congreso el fin de semana, será el ejército quien dicte ahora las prioridades de la ciencia en el país. Me imagino que contará con una amplia experiencia en la academia y en la investigación. En un esfuerzo mayor me imagino que lo que pasa en la ciencia
se pueda trasladar a la prensa y finalmente en un futuro cercano tenga que mandar mi columna a una junta censora de militares, como en la URSS y el politburó que decidían sobre qué hacer ciencia y qué decir en la prensa.
¡Cuántas veces no se quejó AMLO de que no había piso parejo! Antes los funcionarios corruptos hacían campaña desde su puesto y oficina, sirviéndose de los medios a su alcance y tratando de tomar ventaja sobre sus adversarios usando medios de comunicación, medios de transporte y medios en plata para sus fines. Hoy, si prospera la modificación de la ley de comunicación social, los “siervos de la nación”, las corcholatas y los funcionarios ejemplares de la administración no podrán ser tocados ni con el pétalo de una rosa por “expresar sus ideas y programas políticos” desde su puesto. Esto no es inclinar la balanza, es desquitanza de lo anterior: justicia a la 4T.
