En el país hay una importante cantidad de personas que hablan una lengua indígena, pero no hablan español, las cuales ven vulnerados sus derechos lingüísticos cuando se enfrentan a una política de Estado donde impera el monolingüismo
En Yucatán existen dos mil 949 personas mayahablantes encarceladas, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet) se dio a la tarea de recabar datos importantes sobre el acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas, que fueron recolectados y plasmados en un primer estudio titulado “Datos estadísticos sobre población indígena población afrodescendiente y acceso a la justicia”, elaborado en el marco del proyecto “Hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas en Campeche, Yucatán y Oaxaca”.
El Cepiadet, se señala en este documento, busca contribuir en proporcionar información a las instituciones de justicia, académicas, sociedad civil y comunidades indígenas, “para visibilizar a través de los datos, la realidad fáctica en la que se encuentran los derechos y el acceso a la justicia de la población indígena”, buscando que la información contribuya a remover los diversos obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
“Se ha insistido en la construcción de una nueva cultura jurídica, lo que requiere cambiar el paradigma formativo de las y los actores que intervienen en las distintas etapas judiciales. Diversas instancias educativas han recomendado la modificación de currículos que enriquezcan la formación y actualización de las y los operadores”, apunta.
El estudio indica que en México hay una importante cantidad de personas que hablan una lengua indígena, pero no hablan español, las cuales ven vulnerados sus derechos lingüísticos cuando se enfrentan a una política estatal donde impera el monolingüismo en español.
De los tres estados analizados, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Campeche la cantidad de personas en esta situación es de 2 mil 497, que corresponde al 3.4% de las personas que hablan una lengua indígena, mientras que en Yucatán son 24 mil 640 personas, equivalente al 5.2% de la población.
En Yucatán, para 2010 había 956 mil 352 personas, de las que 48.9 por ciento correspondían a hogares indígenas, y 10 años después, en 2020, la población era de 983 mil 257 personas, pero el porcentaje de hogares indígenas había bajado a 42.4 por ciento.
Por su parte, el autor mayahablante Fidencio Briceño Chel abundó sobre la importancia de esta publicación, al afirmar que aporta “una nueva cultura jurídica y no solo datos estadísticos, pues estos logran ir en búsqueda de mejores políticas públicas y lingüísticas”.
Señaló que uno de los datos más relevantes que se dieron a conocer en esta publicación es que en el tema de discriminación y prejuicios, más del 50% de la población percibe que se respetan poco o nada los derechos de las personas indígenas, y es Yucatán el que presenta los porcentajes más altos en situaciones presentadas en comparación con Campeche.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 del Inegi registra que las situaciones en las que más personas indígenas se sintieron discriminadas fueron porque las hicieron sentir o han mirado de forma incomoda y porque han sido insultadas, burladas o les han dicho cosas que les molestan.
De igual manera, la abogada Abigail Uc Canché, certificada en interpretación oral de la lengua maya a español, manifestó que con esta publicación se puede observar que las instancias de justicia necesitan la presencia de “más de nuestra gente”, personas de la comunidad maya, con las características propias de la misma, desde rasgos físicos, hasta la cultura.
En la publicación se resalta que la ubicación de las Agencias del Ministerio Público (AMP) en cada entidad muestra que existen algunas AMP estatales ubicadas en municipios con más del 40 por ciento de población que habla una lengua indígena. En el estado de Campeche se ubica una en el municipio de Calkiní, donde la principal lengua indígena es el maya, y en el estado de Yucatán hay dos AMP ubicadas en los municipios de Valladolid y Tekax, que tienen un importante porcentaje de población hablante de maya.
“Yo creo que estos datos nos están trayendo a la mano de que nos está faltando hacia dónde debemos de mirar a ver y hay otra cosa muy importante: si nosotros hablamos de la lengua no nos ponemos a trabajar fuerte y, no digo que salgas a la calle a hacerlo, en casa con tus hijos, con tus nietos, promover nuestra lengua”, anotó la también investigadora.
Calificó como “alarmante” uno de los datos del libro de que cada vez menos infancias y juventudes hablan maya, “y nuestra lengua es la segunda lengua más hablada porque la compartimos con Campeche y Quintana Roo”.
En Yucatán, el libro revela que de 2010 a 2020 los municipios que hablan lenguas indígenas disminuyeron, al pasar de 64 a 54 en los que prevalecían las lenguas de 40 a 100 por ciento y de 42 a 52 los que las tienen de 0 a 40 por ciento.
Otro de los datos relevantes es que, aunque en México hay registradas 20 Agencias del Ministerio Público especializadas en Atención a población indígena, ninguna de ellas se encuentra en los estados de Campeche y Yucatán, a pesar de que junto con Oaxaca, sean de las entidades con mayor población indígena en el país. Del total de AMP en el país con estas características, 10 de ellas se ubican en Veracruz, 7 en Chiapas, 2 en San Luis Potosí y una en Guerrero.
En cuanto al tema del personal que labora en defensoría pública y asesoría jurídica, tanto federal como estatal que habla una lengua indígena, se registraron números muy bajos, en la delegación federal de Yucatán y Campeche solo se detectó a una persona hablante de la lengua maya de las 30 personas reportadas como defensoras públicas federales.
En cuanto a nivel estatal se halló que en Campeche sólo se registró un defensor público que habla una lengua de la familia maya y en Yucatán son dos defensores públicos y dos asesores jurídicos que hablan una lengua de la familia maya, lo que contrasta con el número de personas que no hablan alguna lengua indígena en las defensorías, que es de 111 personas.
De acuerdo con el informe del Instituto Federal de la Defensoría Pública, entre el 2018 y 2019 los delitos federales con la mayor cantidad de personas indígenas procesadas o imputadas son los de portación de armas de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo. Estos son los delitos con mayor frecuencia entre hombres indígenas, pero entre mujeres los son los delitos contra la salud y el peculado.
Este informe arroja que en el 2019 hubo un total de 73 personas registradas como hablantes de alguna lengua indígena que fueron procesados o imputados por delitos estatales.
Texto y fotos: Andrea Segura
