No hay ley perfecta, está iniciativa se puede perfeccionar, afirma la diputada Silvia López Escoffié durante la presentación de la propuesta
Una propuesta de Ley que Crea la Protección de los Periodistas y Medios de Comunicación en Yucatán ha desatado la polémica por la férrea oposición que ha generado entre reporteros y representantes de organizaciones de comunicadores, principalmente por la definición que se le dio al “periodista” y la creación de un Consejo Consultivo que sancionará a la propia ley, en caso que se apruebe por la LXIII Legislatura, que entrará en funciones el próximo miércoles 1 de septiembre.
La presentación del documento se hizo el jueves pasado en el Congreso del Estado en una reunión que estuvo encabezada por las diputada Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea y que contó con la presencia de representantes de los medios de comunicación.
“No hay ley perfecta, está iniciativa se puede perfeccionar, pero creemos que se pudiera cumplir esa protección que ustedes necesitan para tener esa libertad de expresión que se requiere garantizar en el estado de Yucatán, pues el objeto es promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los periodistas, así como prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier acto que intimide y violente la activad del periodista”, contó López Escoffié.
La legisladora detalló que la ley busca también establecer los principios y criterios que orienten la política y mecanismos para garantizar el ejercicio de la libre manifestación de ideas y libertad de expresión.
Entre otros comentarios que causó polémica es que las legisladores no consultaron a los reporteros, periodistas y menos a las organizaciones de periodistas sobre la ley, aunque ellas recordaron que ya algunos reporteros expusieron sus argumentos sobre otra iniciativa que propuso la diputada Fátima Perera Salazar, quien se quedó en la “congeladora”.
También fue cuestionada duramente la creación de un Consejo Consultivo para la Protección del Periodista y Medio de Comunicación, que estaría encabezado por la o el titular de la Secretaría General del Gobierno y con la participación de la SSP y la FGE, dos dependencias que son reconocidos hasta por la misma Comisión de Derechos Humanos como las que más violentan a los reporteros o periodistas, sobre todo cuando se acude a los lugares donde suceden los hechos de sangre.
De igual forma se dijo que ese Consejo Consultivo no debe tener presencia de la parte empresarial entre sus 11 miembros.
La iniciativa contempla 5 Capítulos y 21 Artículos y tres Transitorios, explicó por su parte Milagros Romero.
Texto y foto: Esteban Cruz Obando
