Esto se origina por inconsistencias en la permanencia de los actuales magistrados
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Gobierno de México presentaron por separado acciones de Inconstitucionalidad contra la reforma judicial a la yucateca que aprobó el Congreso del Estado en marzo pasado.
La reforma permite la permanencia de seis magistrados del Tribunal Superior del Estado de Yucatán hasta el 2033, todos ligados al ex gobernador Mauricio Vila Dosal, lo que contradice un transitorio de la Reforma Judicial Federal que señala que todos los Tribunales estatales deberán renovarse en el 2027.
De hecho, a partir de la reforma que tuvo el aval de todos los legisladores yucatecos, es que este 1 de junio se ha programado la elección judicial de nueve integrantes del Tribunal Superior de Justicia y de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Se trata de la Acción de Inconstitucionalidad 44/2025 y su acumulada 45/2025, en la que se cuestionan varios artículos del Decreto 55/2025, publicado el 5 de marzo en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
Aunque destaca que la permanencia de seis magistrados viola el transitorio de la Reforma Judicial Federal de que todos los tribunales estatales deben ser renovados en el 2027, también se cuestiona el periodo que deben durar el presidente o la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y que tenga opción de quedarse por votación de sus compañeros.
Por último, ambas solicitudes de acción de Inconstitucionalidad se presentaron el pasado siete de abril y fueron aceptadas el ocho de mayo del presente año. Por turno, correspondió a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf ser la instructora en el dictamen relativo.
Texto: Esteban Cruz O.
Foto: Agencia
