El saliente Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Reyes Rodríguez Mondragón, planteó una resolución en la que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si el Ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea puede ser juzgado por dicho Tribunal por faltas administrativas en materia electoral al anunciar su alianza con Claudia Sheinbaum Pardo cuando aún seguía en el cargo.
Este proyecto responde a la denuncia presentada por la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, contra el exministro ante hechos que ocurrieron antes de la aceptación de su renuncia por el Senado de la República.
En su propuesta, propone la solicitud al máximo tribunal en el país una consulta para que la Suprema Corte determine si el Tribunal Electoral o alguna otra autoridad electoral tiene la competencia para juzgar a ministras o ministros por supuestas faltas en materia electoral.
“Esta Sala Superior considera que los presentes medios de impugnación plantean una duda interpretativa respecto de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para procesar y juzgar por faltas o infracciones administrativas en materia electoral a las ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, apuntó Rodríguez Mondragón.
La duda del Magistrado presidente responde a lo señalado por la fracción XI del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece la competencia exclusiva del Pleno de la SCJN conocer de las responsabilidades administrativas de las personas que desempeñan los cargos de Ministra o Ministro de dicha instancia jurídica.
Dicho Artículo, prosigue el aún Magistrado presidente del Tribunal Electoral, señala que el Pleno de la Suprema Corte velará en todo momento por la autonomía de los órganos e integrantes que conforman el Poder Judicial de la Federación, por lo que es su responsabilidad resolver sobre las responsabilidades que tengan sus Ministros.
“En consonancia con la invocada norma legal, a juicio de esta Sala Superior, los principios de autonomía e independencia de fuente constitucional e internacional que garantizan al actuar del Máximo Tribunal del país implican que ninguna otra autoridad, ni dentro, ni fuera del Poder Judicial federal, pueda someter a responsabilidades administrativas a los integrantes del órgano cúspide, salvo en los casos que las propias normas fundamentales así lo prevean”, añadió.
Texto y foto: Agencia
