Si el Gobierno del Estado no ha sancionado a la empresa Movibús es, según el abogado conocido en redes sociales como Luis Lex, porque legalmente no puede hacerlo. La razón, sostuvo, estaría en los contratos y documentos oficiales que la propia administración decidió reservar por un periodo de cinco años.
En un video difundido en redes sociales, el litigante cuestionó por qué el Gobierno del Estado y la Agencia Reguladora del Transporte de Campeche (Artec) parecen tener las manos atadas frente a los propietarios de los camiones Ko’ox, quienes —dijo— deberían estar obligados a garantizar un servicio eficiente a los usuarios.
De acuerdo con su análisis, la explicación se encontraría en los contratos de prestación del servicio, cuyos detalles permanecen fuera del escrutinio público debido a su clasificación como información reservada. Esta situación, afirmó, impide conocer cláusulas clave sobre responsabilidades, sanciones y los alcances reales del sistema de transporte.
Ante la falta de transparencia del gobierno encabezado por Layda Sansores, el abogado explicó que los verdaderos propietarios de las unidades son los concesionarios, quienes ceden sus permisos de operación a Movibús. Detalló que el Gobierno del Estado aporta un enganche de entre 10 y 20 por ciento del valor de cada unidad para que puedan adquirirse mediante crédito, y precisó que la autoridad no paga por número de usuarios, sino por kilómetro recorrido, con una tarifa aproximada de entre 30 y 34 pesos.
Añadió que los recursos obtenidos por el cobro del pasaje se concentran en un fideicomiso administrado por la propia empresa, lo que —aseguró— explicaría por qué algunos concesionarios optan por resguardar sus unidades durante lluvias intensas, a fin de evitar daños, ya que los vehículos aún están siendo pagados.
Texto y foto: Agencias
