CARLOS HORNELAS
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Estamos apenas a un mes de que Donald Trump asumiera la presidencia de los EEUU y con todo el alud de información que genera diariamente pareciera que lleva ahí más tiempo. Este martes ha anunciado el despido de los 93 fiscales federales de la era Biden y aunque es una práctica habitual que cada cambio de administración se lleve a cabo este proceso, ha aderezado la situación con una serie de declaraciones polémicas y controversiales.
Ha dicho, por ejemplo, que ha ordenado el cese inmediato de todos los fiscales porque urge limpiar la casa inmediatamente. También aseveró que ese aparato está más politizado y sesgado que nunca, dejando entrever que hubiera una especie de persecución selectiva de objetivos.
Recordemos que previo al resultado electoral había sido señalado por distintas causas que, en algunos casos han seguido su curso en investigaciones y alegatos, al menos hasta ahora. Entre los despedidos está Jack Smith, quien presentó un par de causas penales en contra de Trump que al parecer engrosaran los expedientes del archivo muerto.
No obstante, tanto los fiscales como los investigadores podrían establecer una demanda federal para recuperar su empleo y ser reinstalados si se evidencia durante el proceso que han actuado conforme a derecho al investigar casos sensibles a la administración de Trump. Según se ha informado podrían acogerse a la Quinta Enmienda y a su garantía de debido proceso o a la ley de Privacidad de 1974 que prohíbe dar a conocer los nombres de los investigadores en casos relacionados al 6 de enero, así como las actividades y filiación política de los mismos.
Como se advierte en la mayoría de sus intervenciones, se pinta a sí mismo como el adalid que restaura la democracia y las libertades y justifica muchas de sus decisiones con argumentos económicos. Los recortes que hace a las distintas áreas y departamentos del Estado los presenta como necesarios y argumenta que además de ser ineficaces, son una carga para los contribuyentes.
La diferencia entre este Trump y el del mandato anterior es que en esta ocasión cuenta con un aliado y corifeo que hasta ahora es su mayor caja de resonancia, Elon Musk. El multimillonario apoya los recortes masivos de Trump y ha expresado su deseo por deshacerse de un exceso de regulaciones, así como de muchas agencias federales, que él estima en 450 aproximadamente, que no son verdaderamente necesarias en su totalidad.
Gobierna como si no hubiera contrapesos y hace lo posible porque, efectivamente, nadie se interponga en su camino. El 13 de febrero pasado, 18 inspectores generales demandaron al gobierno por haberlos despedido ilegalmente. Su función consiste en fiscalizar y velar por el correcto funcionamiento del gobierno y su fundamento legal reside en leyes de mayoría bipartidista vigentes, en particular la “Ley de Inspector General” que permite a un presidente destituirlos solamente después de notificar al Congreso con al menos 30 días de antelación, acompañando su solicitud con la justificación sustantiva en cada caso por separado
Trump ha anunciado un plan de retiro voluntario a 60,000 trabajadores del Estado a quienes ha ofrecido la ampliación de su salario y beneficios que incluyen 8 meses de sueldo a quienes se acojan al programa. No obstante, los sindicatos han advertido a sus agremiados que el Congreso solo cuenta con financiamiento hasta mediados de marzo y con lo cual no tiene autoridad para ampliar un paquete salarial que se extienda más adelante. Todo lo cual retrata una reforma de la burocracia marcada por despidos y exoneraciones selectivas, remociones injustificadas y recortes ilegales. Si esto es para ahorrar, tampoco se ha dicho dónde pararán estos dineros.
