Salvador Castell-González
El acoso escolar o bullying, es un problema que afecta a muchos estudiantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), en su sentencia sobre el Amparo Directo 35/2014, destacó la seriedad del fenómeno y las responsabilidades de las instituciones educativas y su personal.
Este fallo, derivado de un caso doloroso donde un menor con Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (Tdah) fue víctima de agresiones físicas y psicológicas sistemáticas por parte de compañeros, incitadas y permitidas por una profesora, redefine la comprensión del acoso en el ámbito legal mexicano. La Corte lo conceptualizó como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un niño, niña o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas.
Esta definición evita tecnicismos que dificultaban proteger a las víctimas. No requiere demostrar la “intención de dañar” del agresor ni un “desequilibrio de poder” evidente. Se enfoca en el daño sufrido por la víctima y la repetición de los actos en el entorno escolar.
Las escuelas deben garantizar un entorno seguro y proteger la dignidad, integridad y derecho a la educación sin discriminación de cada estudiante. Esto es especialmente importante para menores vulnerables, como aquellos con TDAH. La negligencia y la omisión son tan graves como la agresión directa.
Cuando existe sospecha o evidencia de acoso, la carga de la prueba se invierte: es la escuela quien debe demostrar que actuó con la debida diligencia para prevenir, detectar, intervenir y detener la violencia. Ignorar las señales, minimizar las quejas de los padres o, peor aún, culpar a la víctima, como ocurrió en el caso analizado por la Corte, constituye un incumplimiento grave de sus responsabilidades.
Las consecuencias del acoso son devastadoras: ansiedad, depresión, baja autoestima, fobias, fracaso escolar e incluso ideación suicida. El fallo de la SCJN es un llamado urgente a la acción. Necesitamos pasar de la simple condena verbal a la implementación efectiva de protocolos claros y específicos en cada centro educativo. Es indispensable la capacitación constante del personal docente y directivo para identificar y manejar estas situaciones, fomentando una cultura de respeto y empatía.
Proteger a los niños y adolescentes del acoso escolar es una obligación tanto legal como moral. La sentencia 35/2014 indica que esta responsabilidad es compartida y que la indiferencia puede tener consecuencias significativas. Este texto proporciona información sobre cómo utilizar esta sentencia para asegurar un entorno seguro en la escuela.
