A dos años y medio de su creación, el ambicioso programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (Ubbjg) tropezó con las renuncias de varios de sus fundadores y quedó a merced de las decisiones de su directora, Raquel Sosa Elizaga, quien en los últimos cuatro meses despidió a más de 150 profesores, equivalente a 15% de su plantilla docente.
El conflicto laboral está a punto de escalar y de llegar ante los tribunales, pues en reuniones de conciliación auspiciadas por la Secretaría del Trabajo, el equipo de Sosa se ha negado a reconocer a los profesores como trabajadores: afirma que están contratados con un “convenio de servicios educativos” que les priva de toda prestación social. Ello, a pesar de que en septiembre de 2019 Sosa prometió que el trámite para su regularización estaba en curso.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado recientemente la “derechización” de la Unam, los profesores de la universidad que creó la llamada Cuarta Transformación no tienen plaza –cobran sus salarios como si fueran subsidios de un programa social– ni seguridad social y mucho menos representación sindical.
De hecho, en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (Ocubbjg) fue dotado de mil millones de pesos, de los cuales 987 millones 413 mil pesos fueron destinados para “subsidios”.
“Te puedo decir que la universidad se sostiene por la lana de los profes”, dice una profesora que laboraba en la alcaldía Iztapalapa. Y añadió: “En las conferencias mañaneras Sosa dijo que ella opera el programa de manera muy austera.
Texto y foto: Agencias
