La Contraloría Nacional Autónoma del Agua advierte que se debe contar con una nueva ley al respecto, ya que la actual ha facilitado el concesionamiento y acaparamiento de este vital recurso
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua, a la que pertenece la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Yucatán, urgió una Ley General de Aguas (LGA) que sustituya a la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), ya que esta última ha facilitado el concesionamiento y acaparamiento del vital líquido y que incluso, en algunas zonas del país existe lo que se conoce como el “huachicoleo del agua”.
En entrevista Cuauhtémoc Jacobo, uno de los integrantes de la contraloría yucateca, a la que también pertenecen las ambientalistas Teresa Vaught y Yameli Aguilar, indicó que frente a los recientes anuncios de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está comprometida con poner orden al sistema de concesiones, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua tiene una serie de observaciones y propuestas.
Indicó que la actual ley del agua está vigente desde 1992 y, aseguró, ha fomentado una estructura legal que facilita el “sobreconcesionamiento”, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua, especialmente en perjuicio de comunidades originarias, campesinas, ejidales y colonias urbanas que han sido históricamente excluidas del acceso equitativo, asequible y saludable al agua como bien común e indispensable para la vida.
“La ley permite y facilita la compra y venta de concesiones (mercado del agua), beneficiando principalmente a los grandes usuarios y facilitando su concentración en pocas manos. Esto ha dado lugar a lo que denominamos hidrocracia. Es lamentable que los funcionarios hayan preferido reunirse con los acaparadores del agua, mientras siguen ignorando a los grupos sociales excluidos y despojados del líquido vital”, indicó.
Esta ley vigente (LAN) obstaculiza la prevención y corrección de abusos, debido a la alta capacidad litigiosa de los concesionarios frente al limitado personal legal y técnico del gobierno del agua: Conagua. Genera, además, condiciones de opacidad, dificultando la fiscalización y permitiendo decisiones discrecionales en la asignación y renovación de concesiones.
Por ello, Jacobo insistió en la necesidad de avanzar hacia una LGA justa, participativa y transparente, que contemple mecanismos de contrapeso social y comunitario.
El “huachicoleo de agua” se refiere al robo y venta ilegal de agua potable, similar al “huachicoleo de combustible” que implica el robo y venta ilegal de gasolina y diésel. En este caso, se extrae agua de la red pública de tuberías sin autorización, a menudo mediante tomas clandestinas, y luego se vende a través de pipas u otros medios.
Desde noviembre de 2024, las Contralorías Estatales, Regionales y la Contraloría Nacional entregaron a las Oficinas Centrales de Conagua y a sus Organismos de Cuenca (OCs) listas detalladas de irregularidades detectadas en los registros de concesiones, usos y disponibilidad del agua en sus territorios.
Mencionó que este esfuerzo fue realizado con el objetivo de:
– Visibilizar la información ante la ciudadanía, ya que es un tema muy poco conocido por la ciudadanía, los pueblos originarios y las comunidades rurales, urbanas y núcleos agrarios.
– Establecer canales y mecanismos reales y efectivos de colaboración institucional en el marco del Acuerdo Nacional por el Agua. Para ello han propuesto a nivel nacional, regional y estatal mesas de trabajo que garanticen esta dinámica.
– Contribuir, desde la sociedad organizada, a la mejora de la gestión pública hídrica y, a ir construyendo, con la participación social desde los territorios, un buen gobierno del agua.
Reiteró que hoy celebran las aportaciones que ha logrado la Contraloría Nacional en estos años, y reiteran su disposición y propuesta –entregada en múltiples ocasiones– de trabajar juntamente con la Conagua, investigadores, académicos, organizaciones, colectivos y con las comunidades que han documentado estas problemáticas durante décadas.
Entre sus inquietudes expusieron que les preocupa profundamente la negativa reiterada de la Conagua a colaborar con las Contralorías para identificar, corregir y dar seguimiento transparente a las irregularidades reportadas.
En ese sentido, añadió que solicitan una respuesta pública y clara ante las siguientes interrogantes:
-¿Por qué la falta de acción por parte de la Conagua ante los enormes volúmenes de desechos que se vierten diariamente en ríos, así como en el acuífero kárstico yucateco altamente vulnerable a la contaminación? Se estiman 12 mil toneladas de heces, orines y fármacos diarios solo de la industria porcícola en 86 municipios de Yucatán y en donde el 60% ni siquiera cuentan con permisos de descarga de aguas residuales.
– ¿Por qué, hasta la fecha, la Conagua no ha registrado el Título de Derechos al Agua del Pueblo Yaqui, consensado entre sus autoridades, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi)?
– ¿Por qué la Conagua continúa evitando la colaboración con las Contralorías, a pesar de que representan un esfuerzo legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana y contraloría social?
– ¿Por qué en grandes proyectos de saneamiento como los de Tula y El Atoyac no se ha convocado ni aceptado la participación de investigadores, organizaciones y comunidades que llevamos décadas trabajando en los territorios?
El ambientalista reconoció y se congratuló por la reciente clausura temporal a la empresa porcícola “Pecuaria Peninsular”, así como, del cierre temporal del ducto ubicado en el camino de Cananea a Bacanuchi, Sonora, propiedad de la empresa minera Buena Vista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Finalmente, exhortó al Gobierno Federal y a las instancias responsables de la administración del agua en México, a corregir este rumbo y a tomar en cuenta las propuestas desde los territorios, los pueblos, las comunidades y la academia.
“El país exige una transformación real en la política hídrica. Esta transformación no será posible sin participación desde las comunidades urbanas, rurales y los núcleos agrarios, sin transparencia y sin voluntad de diálogo con quienes han defendido el agua durante décadas”, enfatizó.
Entre las contralorías que firmaron figuran: Contraloría Nacional Autónoma del Agua (María Eugenia Ochoa García), Veracruz (Luisa Paré), Puebla (María Eugenia Ochoa García), Sonora (Apoleth Valenzuela), Baja California (Alma Araceli Piña), Baja California Sur: Xochitl Oceguera (Juan Ángel Trasviña), Morelos (Saúl Roque y Yolanda Pica), Nayarit (Heidy Orozco), Temacapulín, Jalisco (Gabriel Espinoza).
Texto y fotos: Darwin Ail
