El diputado señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno Federal piden que el pueblo decida a sus juzgadores en la próxima elección
El presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, Wilmer Monforte Marfil, recalcó que siempre existe el riesgo de que toda reforma constitucional o de leyes sean impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió con la reforma judicial “a la yucateca”.
Indicó que la reforma judicial nacional exige que todos los tribunales del país sean renovados a través de las urnas en el 2027, pero en el caso de Yucatán se establecieron acuerdos con las otras bancadas.
“Me gustaría tener todos los elementos a la mano, pues ahora estoy de gira en los municipios, pero básicamente lo que se pide por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno Federal es que todos los magistrados y jueces vayan a las boletas, que el pueblo decida a sus juzgadores”, reiteró.
Sobre ese tema, el diputado Gaspar Quintal Parra (PRI) dijo que tras la aceptación de la Acción de Inconstitucionalidad lo que sigue es esperar la resolución de la Corte.
Desde su punto de vista pueden pasar dos cosas: que se detenga el proceso o que se ordene seguir, pero con la indicación que los otros seis magistrados también vayan a las urnas en el 2026 o 2027.
“Los diputados no podemos interpretar las leyes, aunque sí las hacemos, por lo que será la Corte la que defina lo que sigue, pero desde que platicamos la reforma para Yucatán yo advertí que nos la podían impugnar, pues contradice un artículo transitorio que señala claramente que todos los magistrados tienen que votarse en las urnas a más tardar en el 2027”, dijo.
Por ello, agregó, no que más que esperar la resolución de la Corte a la Acción de Inconstitucionalidad 44/2025 y su acumulada 45/2025, en la que se cuestionan varios artículos del Decreto 55/2025, publicado el 5 de marzo en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
Ambas solicitudes de Acción de Inconstitucionalidad se presentaron el siete de abril y fueron aceptadas el pasado ocho de mayo. Por turno, correspondió a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, ser la instructora en el dictamen relativo.
Cabe recordar que el pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Gobierno de México presentaron por separado acciones de Inconstitucional contra la reforma judicial que aprobó el Congreso del Estado en marzo pasado, donde reiteran que todos los tribunales deben renovarse.
Texto y foto: Esteban Cruz O.
