Salvador Castell-González
El año 2024 fue crucial en la lucha global por la sostenibilidad. Diversas cumbres y conferencias internacionales abordaron los desafíos más apremiantes: el cambio climático, la crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad. Si bien se observaron algunos avances, las limitaciones y la falta de compromiso de algunos actores clave dejaron un panorama complejo, generando preocupación.
Diversas cumbres mundiales se realizaron, pero el problema de siempre, la financiación climática, vital para la adaptación y mitigación en países vulnerables se quedó corta, alcanzando solo el 60% del objetivo de 100,000 millones de dólares anuales según la OCDE. La implementación efectiva de los acuerdos requiere una mayor ambición y compromiso por parte de todos los actores.
La COP3 del Agua, en Nairobi, puso de manifiesto la creciente escasez de agua dulce. Se alcanzaron acuerdos para mejorar la gestión de recursos hídricos, incluyendo un marco para la gestión de cuencas hidrográficas y la cooperación transfronteriza como el acuerdo entre Egipto y Sudán para el río Nilo.
Por otro lado, otra vez el informe de la ONU destaca la necesidad de inversión en infraestructura de agua y saneamiento, especialmente en regiones rurales vulnerables con bajo acceso al agua potable. Sin embargo, persiste la falta de financiación (estimada en 50,000 millones de dólares anuales según el Banco Mundial), la degradación de ecosistemas acuáticos (con un 30% de los ríos mundialmente amenazados según estudios recientes), y la inequidad en el acceso al agua (afectando a 2,200 millones de personas según Unicef). Se requieren inversiones significativas y una gestión sostenible para garantizar la seguridad hídrica a futuro.
La Cumbre por el Futuro, realizada en nueva York, dio voz a la juventud, presentando más de 500 propuestas innovadoras para una transición justa hacia una economía sostenible, con un énfasis en la justicia ambiental y la protección de los bosques tropicales. Si bien impulsó la participación juvenil, la falta de mecanismos para integrar estas propuestas en las políticas gubernamentales representa un reto.
La COP16 de Biodiversidad, en Cali, Colombia, estableció metas ambiciosas para detener la pérdida de biodiversidad para 2030, incluyendo la protección del 30% de los ecosistemas terrestres y marinos, algo similar a las metas de Aichi que no logramos cumplir, esperando que esta vez el compromiso sea mayor. Se creó un fondo de 10,000 millones de dólares para la restauración de ecosistemas, cerca del 5% del costo real estimado.
El 2024 tiene algunos puntos importantes como el derecho de las generaciones futuras y el 2025 esperamos que el compromiso sea mucho más sustancial que el que hasta ahora hemos observado. La colaboración entre gobiernos, sector privado y sociedad civil, crucial para una transición ecológica justa, y la vigilancia ciudadana serán fundamentales para un futuro sostenible. El éxito dependerá de la voluntad política y la inversión en un futuro sostenible.
