A espaldas de la sociedad se eligió un grupo de autonombrados “notables” para redactar un proyecto de constitución,
excluyendo a todos los que podrían haber opinado y que no son de izquierda e incluso a algunos izquierdistas.
Ahora que se empiezan a ver algunos temas en público, empieza a haber rechazos y se pretende festinar a aprobación mediante un plazo fatal: emitir la nueva constitución el 5 de febrero de 2017 para que coincida con el centenario de la Constitución del 1917.
Aunque no se haya logrado un pleno acuerdo, aunque tenga puntos dudosos o sin que haya acuerdo.
El plazo, al parecer, es lo que importa a estos “notables”. Y para asegurar su aprobación con mínimas discrepancias, crearon un comité redactor absolutamente faccioso.
Ahora viene el Congreso Constituyente que sólo en parte emana de una elección y otra parte fue asignado a partidos políticos, al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad. Otra vez, dando el poder, al menos en parte, a grupos
que operan a espaldas de la ciudadanía.
En esta semana, en unos días se discutirá la Carta de Derechos. Los autonombrados “notables” esperan enmendarle la plana a las declaraciones en este tema a las Naciones Unidas con derechos novedosos (como el derecho a la
satisfacción sexual y a colapsar la Ciudad) y haciendo a un lado los derechos a la propiedad privada, al libre tránsito, al libre emprendimiento, por poner algunos ejemplos.
Completamente ausentes están los deberes correlativos de la ciudadanía y las obligaciones del Gobierno de la Ciudad.
Y, por supuesto, tras este galimatías está la implantación forzosa de una ideología, con exclusión de toda otra posible opinión.
O sea, se está vulnerando por la vía constitucional las opiniones que puedan tener otros grupos y personas. El derecho a la libre opinión y a la difusión de las ideas será coartado en nombre de lo “políticamente correcto”.
Evidentemente, no es un tema que haya entusiasmado a la ciudadanía. Los propios habitantes de la CDMX ven al tema como un asunto de la clase política, la que ha demostrado en gran cantidad de ocasiones que ocupa el último lugar en los sondeos de confianza ciudadana. Y la ciudadanía del resto del país está aún más ajena al asunto.
Para el ciudadano normal, las nuevas leyes y constituciones le provocan una enorme desconfianza. Poco bueno podemos esperar de ellas y, dada la inmensa impunidad que padecemos, las sabemos perfectamente inútiles.
Además de que, si la historia es alguna guía, sabemos que las constituciones en nuestro país son violadas sistemáticamente y reformadas abundantemente, de manera que ya hemos perdido la cuenta de cuantas veces se ha enmendado la Constitución de 1917.
Todo esto nos podría llevar a tratar el tema como uno de interés local o un tema intrascendente. En realidad, su importancia para el país es otra.
El proyecto de Constitución es el modelo que seguiría una parte de la izquierda si llegan a gobernar el país, cosa que no es imposible. Bueno, puede que me equivoque. Soy sólo un ciudadano que expresa sus opiniones antes de que
estos políticos me quiten este y otros derechos. Y sospecho que así creemos muchos ciudadanos.
Lo bueno es que no hay que creerme.
Hay una solución. Propongo a los “notables” que sometan la Constitución a un referendo. Veamos si la ciudadanía está encantada con esta Constitución o si la rechaza.
No necesitamos de largas disquisiciones ni debates.
Esto nos daría a todos la certeza de que la Constitución refleja el sentir de la ciudadanía. Aunque no acabemos a tiempo para el centenario de la Constitución de 1917.
