CHETUMAL.- Resultado de las auditorías realizadas a la pasada administración el gobierno de Carlos Joaquín presentó formalmente 7 nuevas denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones por un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558 pesos, las cuales se suman a las dos denuncias por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado interpuestas el mes pasado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Quintana Roo.
“Es un proceso de auditorías y habrá más denuncias mientras avancen las revisiones”, señaló el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, quien junto con el secretario de gobierno, Francisco López Mena, ofrecieron una conferencia de prensa para informar que las 7 nuevas denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado son por delitos cometidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que pone de manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración se presentaron de manera generalizada y organizada.
Indicó que están dando pasos firmes para combatir impunidad y corrupción con acciones concretas para que los servidores públicos hagan transparente su patrimonio, su red de relaciones y sus obligaciones fiscales, y también, de acciones para desarticular el blindaje que el anterior gobierno había construido para evadir toda responsabilidad frente a la ley.
En esa denuncian se señalaron al menos 11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares de predios del dominio del Estado. En total, dichas enajenaciones suman alrededor de nueve mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres. Y lo peor es que en algunos casos “no llegaron al 1% de su valor real”, comentó Del Pozo.
Es por la contratación irregular de renta de maquinaria por más de 700 millones de pesos, de la que no hay evidencia en cuanto a la prestación del servicio, y están en proceso de investigación otros dos periodos cuya suma asciende a más de 1 mil 519 millones de pesos.
“El total de las investigaciones que estamos llevando a cabo por la renta de maquinaria es por más de 1 mil 519 millones de pesos, pero dimos prioridad a las que pudieran ser objeto de prescripción, por eso la denuncia por los 700 millones de pesos”, explicó.
