Texto: El Universal
Foto: Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuidadores de personas, trabajadores de la construcción, analistas, asistentes de enfermería, cocineros, servicio doméstico, contadores y desarrolladores de software, son algunos de los 20 oficios que en los próximos siete años tendrán mayor demanda en Estados Unidos. Poco más de 4 millones de nuevos empleos, según proyecciones del Bureau of Labor Statistics (BLS, Oficina de Estadísticas Laborales) de ese país; y la mayoría de ellos requieren un grado mínimo de estudios.
Si la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) incluye un capítulo laboral que regule de manera legal y ordenada la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, éstos podrían concursar para la selección de miles de estos puestos. Y esta no es una especulación sin fundamento, sino una de las principales conclusiones del documento Shared border, shared future (“Frontera compartida, futuro compartido”) elaborado por el Center for Global Development —una organización independiente— que creó un grupo de trabajo multidisciplinario mexicano-estadounidense. El objetivo fue analizar y proponer cómo regular hoy la movilidad laboral entre ambas naciones.
Michael Clemens, autor principal de dicha investigación, explicó los detalles de su trabajo a El Universal. “El mercado negro laboral que ha prevalecido durante generaciones no ha servido al interés de Estados Unidos, pero tampoco al de México [por] que ha afectado su imagen y seguridad. Si [los países] trabajaran juntos por una cooperación y regulación laboral, sería mutuamente benéfico”, dijo.
“Pero al tema le ha faltado bilateralismo. Lo que le estamos diciendo a Donald Trump es que no necesita expulsar a los mexicanos, sino regular su situación; y eso no es un regalo de Estados Unidos a México, sino de Estados Unidos para Estados Unidos”, indicó.
Para realizar el estudio se necesitaron dos años de reuniones; algunas en México y otras en EU. Los copresidentes de la investigación fueron el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex secretario de comercio estadounidense, Carlos Gutiérrez. También participaron 15 investigadores, académicos y ex funcionarios de ambas naciones, entre los que se cuentan el ex secretario de Gobernación Alejandro Poiré y el ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez.
El documento tiene un sinfín de números, pero uno en particular es puesto frente a la cara de Trump. “Los mexicanos constituyen 49% del total de los residentes de Estados Unidos que ingresaron al país o permanecieron en él de manera ilegal. Es decir, cinco de cada 10 indocumentados”. “Él debería reconocerlo”, señaló Gustavo Mohar, ex funcionario público en temas de seguridad y migración quien también participó en la investigación.
“El número de visas que los mexicanos sacan para ir a trabajar legalmente a EU en el sector agrícola va en aumento y también creció el número de visas relacionadas con otros servicios; por ejemplo, los estadounidenses de la tercera edad requieren de atención y el número de visas para enfermeras va al alza”. Es decir, hay una demanda de servicios que Estados Unidos no cubre y que requiere de trabajadores extranjeros, que podrían ser mexicanos.
El Universal consultó los informes anuales de inmigración que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió del año 2000 a 2015. Y corroboró que, en efecto, las visas H-2A (para sector agrícola) crecieron de manera importante; en el 2000 la embajada estadounidense otorgó 28 mil 442 de estas visas a mexicanos, pero en 2015 fueron 102 mil 174.
Esta visa autoriza el ingreso de trabajadores agricultores temporales con la condición de que el empleador demuestre “que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el trabajo temporal”, según cita el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional.
La duración promedio de este visado es de tres años y puede ampliarse a seis, pero sólo se otorga a petición de empleadores o agencias de empleo que cumplan con ciertos requisitos; uno de ellos es “no afectar los sueldos y las condiciones de trabajo de empleados estadounidenses en tareas similares”.
Las visas H-2B también son temporales y son para trabajos no agrícolas como la construcción, hotelería, jardinería y otros. Estadísticamente también creció su demanda y expedición, pues en 2000 la embajada emitió 27 mil 648 de estas visas para mexicanos, mientras que en 2015 el número casi se duplicó y alcanzó los 51 mil 301.
Para que un empleador solicite esta visa para empleados extranjeros debe cumplir los mismos requisitos que con la visa H-2A. El 19 de julio Estados Unidos anunció que desde esa fecha y hasta el 15 de septiembre próximo, recibirá peticiones para otorgar —por única ocasión durante el año fiscal 2017—, 15 mil visas H-2B adicionales a la cantidad máxima que le está permitida anualmente por el Congreso norteamericano (66 mil). “Son para empresas estadounidenses que declaren que probablemente podrían sufrir daños irreparables si no pueden tener la capacidad de contratar todos los trabajadores H2B solicitados”, informó la embajada en México, tras reiterar que esta decisión fue tomada el Departamento de Seguridad Nacional y el del Trabajo.
Aunque la noticia podría ser buena para muchos, el estudio “Frontera compartida, futuro compartido” fue más lejos y encontró en su análisis que “las visas de empleo estacional para trabajadores menos calificados en EU reemplazaron en un pequeño porcentaje al mercado negro (…) En realidad, la demanda de mano de obra mexicana en EU es mayor en los trabajos no estacionales (…) Hoy en día la gran mayoría de los mexicanos que aportan un valor agregado a la economía estadounidense lo hacen en sectores no agrícolas y no estacionales”.
Como ya se mencionó, de acuerdo con las proyecciones laborales de BLS, de 2014 a 2024 los oficios con mayor demanda en EU serán los de cuidadores de personas, vendedores de comercios minoristas, trabajadores de la construcción, cocineros, servicio de comida rápida, trabajadores manuales, choferes, mucamas y servicio doméstico, empleados de mantenimiento y cuidadores domiciliarios. Y destaca que no requieren ningún tipo de estudio para su desempeño.
Entre los empleos que sí necesitan estudios de secundaria se encuentran: agentes de atención al cliente, supervisores de oficina, apoyo administrativo y secretarias médicas. Con estudios mínimos de bachillerato habría trabajo disponible como asistente de enfermería, asistente médico y enfermero.
Mientras que, con estudios de licenciatura se requerirán: enfermeros titulados, gerentes generales y de operaciones, contadores, auditores, desarrolladores de software y analistas de sistemas informáticos.
Frente a este escenario, la US Mexico Foundation —que también participó en la investigación— habló de cómo podría realizarse una migración ordenada de México a EUA, con población no calificada, para los trabajos enlistados. “La idea no es bloquear a los estadounidenses de los puestos que les corresponden, sino aportar la mano de obra que necesita su mercado contratándolos de forma regulada —previa selección— desde México; con visas específicas y temporales expedidas de manera predeterminadas por los gobiernos de ambos países.
“Aquellos calificados para trabajar en EU deberán reconocer impuestos allá y acá; y al terminar su período de trabajo podrán regresar a su país sin tener que separarse de sus familias y esto evitará la permanencia de personas con visas vencidas”, precisó la titular de la fundación, Rebeca Vargas.
“Nuestros números indican que de aquí al 2029 habrá un promedio de 100 mil mexicanos que cada año buscarán irse a EU como trabajadores no calificados y hay que hacer algo al respecto”, continuó. “De no hacerlo, la problemática de la migración ilegal y sus consecuencias en Norteamérica serán imparables”. La investigación enlista tres de ellas. Uno, que la contratación de inmigrantes ilegales continuará afectando la economía y los salarios en ese país. Dos, el costo de la salud aumentará más porque los migrantes no tienen este servicio de forma legal. Y tres, el país se verá afectado con la reducción de los ingresos fiscales que provienen de los impuestos.
“Frontera compartida, futuro compartido” documentó que, durante su historia como vecinos geográficos, ambas naciones han regulado la movilidad laboral temporal mediante dos convenios laborales bilaterales. El primero fue entre 1909 y 1917; el segundo entre 1942 y 1964, con los entonces llamados braceros. Lo que significa que desde hace casi medio siglo el tema no se ha vuelto a tocar.
“La época tóxica en política que vivimos ahora es resultado de la informalidad del flujo migratorio”, aseguró Michael Clemens. “En mi opinión, el mensaje de bilateralismo debe venir del gobierno mexicano. En 1972 éste habló de regulación bilateral pero no se concretó nada. En 1986, la reforma migratoria fue unilateral, de EU.
En 1994, el TLCAN no consideró seriamente los flujos migratorios, por eso el 80% de los migrantes que llegaron no tenían permisos legales. En 2001, [los entonces presidentes George W.] Bush y [Vicente] Fox discutieron el tema, pero no se llegó por los atentados terroristas [del 11 de septiembre contra Estados Unidos].
