Especialista indica que para que se materialice el traslado de las dependencias y la disminución de sueldos se debe partir de una reforma
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara: la sede de los Tres Poderes del Estado es la Ciudad de México, por lo que se tienen que promover reformas constitucionales y a Leyes secundarias para concretar la desconcentración (no descentralización) de las dependencias federales que anunció el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el abogado Absalón Álvarez Escalante, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab.
Para entender los alcances de los anuncios y planes del próximo gobierno federal, sobre todo a nivel jurídico, Punto Medio acudió al reconocido investigador de las leyes locales y nacional, Álvarez Escalante.
-Personalmente estoy contento porque se viene un momento de mucho movimiento a nivel jurídico, hay que ver hasta dónde van a llegar los cambios que se avecinan para que el nuevo gobierno consiga sus objetivos -indicó el maestro universitario.
Recalcó que el análisis jurídico del traslado de las dependencias a los estados es apasionante, comenzando por aclarar que somos un Estado de Derecho, por lo tanto, todos los actos que realice el gobierno producen consecuencias de derechos.
-No debemos confundir la descentralización con la desconcentración; no implica la propuesta de la nueva administración la descentralización de la función de gobierno porque esa seguirá en la Ciudad de México, ya que esa será la sede de la Presidencia de la República. El Artículo 90 de la Constitución establece que la administración pública federal será centralizada, por lo que el Ejecutivo seguirá siendo un Poder centralizado -afirmó.
Eso quiere decir, explicó, que para poder enviar las secretarías a los estados se tiene que partir por una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que por ahora la sede tiene que ser la Ciudad de México.
Tomando en cuenta esos trámites legislativos, el cambio de las secretarías a los estados tomaría tiempo, ya que, además, se tiene que reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque los trabajadores de base que tienen derechos adquiridos y si se amparan van a tener que entrar en juicio y esperar los veredictos.
-En el caso de los trabajadores de base, en el Artículo 16 se señala que solamente se podrá ordenar el traslado de un trabajador por las siguientes causas: por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, por desaparición del centro de trabajo, por permuta debidamente autorizada y por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -detalló.
Además de eso, afirmó, los derechos de los trabajadores son derechos humanos y base para la dignificación del empleado, por lo que la Corte ha fallado de una manera reiterada para proteger esos derechos.
En el caso de los trabajadores de confianza son removibles sin expresión de causa, por lo que no habría problemas.
Lucha contra la corrupción
El maestro universitario reconoció que la expectativa de la población es alta, principalmente porque López Obrador ha prometido acabar con la corrupción y su hermana la impunidad.
-En los últimos años la gente se mostró cansada y agotada de la corrupción y la impunidad. Eso acrecentó todavía más el descontento de la gente en las autoridades del PRI y del PAN, y la gente, en las urnas, indicó que ya no querían a esos partidos y decidió por uno que ofreció el combate directo a la corrupción -explicó.
Es relevante, dijo, y vale la pena comentar que el resultado electoral, más allá de quien ganó y perdió, es que los ciudadanos nos quedamos con la certeza y seguridad que el voto tiene un valor en este país.
En ese sentido, Álvarez Escalante dijo que los 30 millones de votos para el candidato de Morena le da una legitimidad alta, pero también una responsabilidad mayor, ya que el ciudadano le ha brindado su confianza a un proyecto que prometió erradicar la corrupción, la impunidad y eficientar el gasto público.
Sobre los planes para combatir la corrupción del próximo gobierno, Álvarez Escalante dijo que es apresurado emitir una opinión, pero sí hay que tomar en cuenta que somos un estado político, creado y regido por leyes.
-Hay un orden jurídico que regula nuestra existencia como estado y hay un margen que hay que atender y cumplir. Recordemos que un servidor público solo puede hacer lo que la ley permita y desde ese punto de vista hay un orden jerárquico de las leyes y la principal es la Constitución Política -afirmó.
-Para se puedan completar todos los proyectos que la nueva administración federal quiera implementar en materia de corrupción tendrá que partir de una nueva reforma al Artículo 108 Constitucional -detalló.
Texto: Esteban Cruz Obando
Fotos: Esteban Cruz Obando/ Agencia
